Cielo Rusinque, Superintendente de Industria y Comercio (SIC), presentó recientemente una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación y la Comisión de Disciplina Judicial contra Fabio Andrés Humar Jaramillo. La denuncia se fundamenta en presuntas irregularidades asociadas a contratos de prestación de servicios profesionales firmados entre 2020 y 2022, abarcando un monto superior a los $1.400 millones de pesos.
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En detalle, se especifica que los contratos, ejecutados en diversas dependencias de la SIC, presentaron deficiencias serias en los informes de ejecución. Entre los puntos críticos señalados se encuentran actividades reportadas como ejecutadas que en realidad corresponden a la fecha de firma del contrato, envíos de correos electrónicos sin la documentación necesaria, reportes de asistencia a reuniones o capacitaciones con fechas que sobrepasan el periodo del informe, y mensuales que no reflejan actividades ejecutadas.
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Adicionalmente, la denuncia expone un posible conflicto de intereses. Fabio Humar, en su calidad de representante legal de la empresa Helicol, habría actuado en beneficio de esta mientras asesoraba al juez encargado de un caso relacionado con la misma. Este señalamiento surge a raíz de una queja presentada el 23 de agosto de 2024 por la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia.
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En respuesta, Fabio Humar ha sostenido la legalidad de sus contratos, asegurando que fueron firmados de acuerdo con la ley y que todas las actividades contractuales fueron presentadas debidamente.
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Cabe destacar que en 2023 la SIC llevó a cabo inspecciones en las oficinas de Ecopetrol y de dos de sus filiales. Estas acciones respondieron a denuncias de celebración desleal de contratos entre Helicol y Ecopetrol, que ahora emergen como contexto relevante en la denuncia contra Humar.
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Rusinque destacó la gravedad de las irregularidades, señalando la necesidad de encender las alarmas dentro de la entidad. Por su parte, Humar ha insistido en su disposición para cooperar completamente con las investigaciones que se consideren necesarias.
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Este caso ha abierto un amplio debate sobre la transparencia en la contratación pública y subraya la necesidad de una supervisión adecuada de los contratos en el sector público. La Superintendencia de Industria y Comercio juega un papel crucial en la protección de los derechos del consumidor y en la supervisión de la competencia leal en Colombia, realizando inspecciones y monitoreos frecuentes para asegurar el cumplimiento de la ley.