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La Suprema Corte de Estados Unidos emitió un fallo unánime el lunes, marcando un momento definitorio en la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2024. Por decisión unánime, el tribunal más alto del país invalidó un fallo previo de la Corte Suprema de Colorado que había descalificado a Donald Trump de aparecer en las boletas electorales, basándose en su implicación en los sucesos del 6 de enero en el Capitolio. Este fallo, emitido justo antes del Supermartes, asegura que el exmandatario pueda competir no solo en Colorado sino en todo el país, despejando el camino para su posible nominación por el partido Republicano.
La controversia se centró en la interpretación de la Sección 3 de la 14ª Enmienda de la Constitución, que prohíbe a cualquier persona que haya participado en una insurrección o rebelión contra los EE.UU. ocupar un cargo público. Sin embargo, la Corte Suprema determinó que solo el Congreso, y no los estados individuales, tiene la autoridad para aplicar esta disposición en lo que respecta a las elecciones federales, incluida la presidencia. La decisión resuelve desafíos a la elegibilidad de Trump presentados por votantes en varios estados, marcando un precedente significativo en la jurisprudencia electoral de Estados Unidos.
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A pesar del consenso en el fallo, hubo diferencias entre los jueces respecto a la extensión de la autoridad del Congreso para descalificar a alguien de ocupar un cargo federal. Mientras que la mayoría opinó que la única forma de hacer cumplir la Sección 3 es mediante legislación específicamente diseñada por el Congreso, las juezas liberales y Amy Coney Barrett expresaron que esa conclusión iba más allá de lo necesario para resolver el caso.
Este fallo no solo representa una victoria legal para Trump, sino que también tiene implicaciones políticas profundas. Refuerza su posición como el principal candidato a la nominación republicana y elimina un obstáculo significativo para su participación en las elecciones de 2024. Además, el fallo subraya la complejidad de la relación entre las leyes estatales y federales en el contexto de las elecciones presidenciales, destacando la importancia del Congreso en la definición de los criterios de elegibilidad electoral.
