La audiencia de imputación contra el exalcalde Daniel Quintero y diez funcionarios de su administración colapsó después de más de seis horas de intervenciones. El juez decidió suspender la diligencia ante los serios cuestionamientos presentados por los abogados defensores, quienes señalaron que la Fiscalía no logró presentar hechos jurídicamente relevantes para sustentar sus acusaciones.

Esta suspensión representa un duro revés para la Fiscalía seccional de Medellín y ocurre en un momento particularmente delicado, días después de que Quintero presentara públicamente documentos que apuntan a que las verdaderas irregularidades en el caso Aguas Vivas habrían sido cometidas por el actual alcalde Federico Gutiérrez durante su primer mandato (2016-2019).

Entre los elementos más contundentes expuestos por la defensa está la cronología de los hechos. Santiago Trespalacios, abogado de dos exfuncionarias, evidenció inconsistencias en la forma en que la Fiscalía pretendía establecer la participación de las acusadas en las decisiones sobre el predio, mientras que la evidencia documental muestra que fue la administración Gutiérrez quien valoró el predio en 44 mil millones, firmó el contrato el 27 de diciembre de 2019 y luego creó el Decreto 2502 para legalizarlo retroactivamente.

El exmagistrado Luis Antonio Hernández Barbosa, defensor de Quintero, fue más allá y solicitó que la Alcaldía de Medellín sea excluida del proceso como víctima, argumentando que la administración actual de Gutiérrez tiene un evidente conflicto de interés al estar directamente vinculada con los hechos que originaron el caso. Este argumento cobra especial relevancia ante la revelación de que la exfiscal que investigó a Quintero ahora trabaja como directora de despacho de Gutiérrez.

El caso ha generado amplio debate sobre el uso de las instituciones judiciales con fines políticos. Quintero, quien ahora aspira a la presidencia, ha señalado repetidamente que estas acusaciones buscan frenar su candidatura, mientras crece la evidencia de que el verdadero responsable de las irregularidades podría ser quien hoy lo acusa.

El juzgado ahora deberá evaluar las solicitudes de nulidad presentadas por las defensas, lo que podría conducir a un replanteamiento completo del caso o incluso a su eventual archivo. Mientras tanto, la ciudadanía de Medellín observa con preocupación cómo las acusaciones de corrupción parecen ser utilizadas como armas en una batalla por el poder que trasciende el interés público y la transparencia.