La Procuraduría General de la Nación de Colombia ha tomado una medida significativa al suspender provisionalmente por tres meses al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán. Esta decisión surge en el contexto de una investigación sobre posibles irregularidades en el proceso de licitación de pasaportes, un tema que ha estado en el centro de la controversia política en los últimos meses.

El caso se centra en la licitación para la fabricación de pasaportes, un contrato millonario que ha sido objeto de intensa discusión y análisis. La Procuraduría formuló cargos contra el canciller por presuntamente incurrir en dos faltas disciplinarias graves, relacionadas con la gestión de este contrato. La primera falta se refiere a la decisión de declarar desierta la licitación sin los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos necesarios, lo que podría haber transgredido los principios de transparencia y responsabilidad en la contratación estatal.

La segunda falta atribuida a Leyva se relaciona con la declaración de urgencia manifiesta durante el trámite contractual, una medida que, según la Procuraduría, podría haber sido adoptada sin las causales necesarias. Este aspecto del caso ha generado un intenso debate sobre la adecuación y legalidad de las decisiones tomadas por el canciller en el manejo de este importante contrato.

La suspensión de Leyva no solo tiene implicaciones legales, sino también políticas. Como ministro de Relaciones Exteriores y Paz de Colombia, Leyva ha jugado un papel clave en la diplomacia colombiana, especialmente en el proyecto de paz total del presidente Petro. Su gestión ha incluido el restablecimiento de relaciones con gobiernos como el de Venezuela y Cuba, fundamentales para las negociaciones con la guerrilla del ELN. Sin embargo, esta suspensión plantea interrogantes sobre el futuro de estas iniciativas diplomáticas y el impacto en la política exterior del país.