La empresa de telecomunicaciones brasileña Telecall, cuarto operador más grande de Brasil, enfrenta un proceso de anulación de licencia en Colombia después de incumplir el pago de 41.000 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos 10 millones de dólares. Este monto debía ser abonado como primer desembolso tras la adjudicación, en diciembre de 2023, de un bloque de 80 MHz en la banda de 3,5 GHz por más de 300.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 70 millones de dólares) durante una subasta pública destinada a expandir la competencia en telefonía móvil e Internet en el país.
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La fecha límite para el primer pago, que representaba el 13% del total acordado, era el 12 de noviembre de 2024. El impago por parte de Telecall lleva cuatro meses pendiente después de la firma del contrato en mayo de 2024. Según el exviceministro de conectividad, Gabriel Jurado, desde entonces la empresa ha solicitado sucesivos aplazamientos, situación que ha causado preocupación en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Jurado también señaló que la compañía ha demostrado una actitud de excesiva litigiosidad, incluso antes de recibir formalmente el título habilitante para operar.
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El representante legal de Telecall en Colombia, Iván Mantilla, argumentó que la crisis en el sector de telecomunicaciones motivó la postergación del pago y aseguró que la firma continúa buscando capital, contando para ello con el apoyo de Steve Papas, fundador de Parallel Wireless, en la gestión para recaudar fondos. Sin embargo, las autoridades reiteran que las dificultades financieras corresponden únicamente a la empresa y que todos los riesgos debían ser evaluados antes del ingreso a la subasta.
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El incumplimiento de Telecall repercute directamente en los recursos estatales, pues estos pagos están destinados a robustecer los proyectos sociales de conectividad. De persistir el impago, el Gobierno impulsará la revocatoria de la licencia, con la consiguiente pérdida del derecho de uso del espectro por parte de Telecall.
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La situación también ha generado inconformidad en Claro, el operador con mayor cuota de mercado (52,8%), cuyo equipo directivo recalcó que la subasta se realizó bajo condiciones transparentes, por lo que la inobservancia de las obligaciones por parte de Telecall obliga al Estado a recuperar el espectro.
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El caso continúa sin resolverse, afectando la dinámica del mercado colombiano de telecomunicaciones y truncando la meta estatal de fortalecer proyectos sociales a través de los ingresos derivados de dichas concesiones.