La votación sobre la reasignación del paquete de compensación de US$ 56 mil millones de Elon Musk podría marcar un antes y un después en la historia corporativa de Tesla. Establecido en 2018 y diseñado para ser el mayor paquete salarial jamás concedido a un ejecutivo en una empresa cotizada en EE.UU., el acuerdo ha sido objeto de desacuerdo. En 2022, Tesla cumplió con todos los objetivos de ingresos, beneficios y precios de las acciones vinculados a la compensación de Musk. No obstante, un juez de Delaware anuló el paquete, argumentando que no era necesario para retener la dedicación de Musk a la compañía.

Chris Ailman, jefe de inversiones del Sistema de Retiro de Maestros del Estado de California (CalSTRS), ha manifestado su firme oposición al paquete, calificándolo de "absurdo". CalSTRS y el fondo soberano de riqueza de Noruega, ambos accionistas significativos de Tesla, han declarado su intención de votar en contra del acuerdo. Este paquete también enfrenta la desaprobación de algunos inversores que creen que la atención de Musk se ha desviado hacia otras de sus empresas como Twitter y SpaceX.

La posible reinstalación del paquete no es inminente. Incluso si los accionistas votan a favor, Tesla se enfrenta a varios desafíos legales antes de que el acuerdo pueda ser restaurado. Un voto afirmativo fortalecería el caso legal de la empresa para revertir la decisión del juez, pero no garantiza el resultado. Si el paquete es rechazado, Tesla podría verse obligada a negociar un nuevo acuerdo, lo que implicaría mayores costos y posibles complicaciones legales.

La compañía ha advertido que, de no reinstaurarse el paquete, Musk podría ser compensado bajo el plan de 2018 o mediante uno nuevo. Asimismo, han resaltado la importancia de mantener al CEO enfocado en Tesla para seguir cosechando éxitos, ya que su participación y larga trayectoria en la empresa hacen improbable que abandone el barco, incluso sin un paquete de compensación tan lucrativo. Sin declaración definitiva sobre el paquete, los próximos pasos de Tesla pueden implicar importantes costes legales y prácticos.