El artículo de *The Guardian* documenta una serie de abusos cometidos contra jóvenes kenianos en represalia por publicaciones satíricas dirigidas contra el presidente William Ruto. El caso más relevante es el de Billy Mwangi, estudiante de 24 años originario de Embu, quien fue secuestrado el 22 de diciembre de 2024 por un hombre armado y retenido durante 15 días. Durante ese periodo, Mwangi fue torturado física y psicológicamente.
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Durante el mismo fin de semana, otros cuatro jóvenes sufrieron secuestros en condiciones similares. Entre ellos, Bernard Kavuli relató que los cautivos eran desnudados, esposados y sometidos diariamente a golpizas, a veces empleando cables eléctricos. Dos víctimas adicionales, identificadas como Gideon Kibet y Peter Muteti, también fueron seleccionadas por compartir contenido de sátira digital sobre el presidente Ruto en la red X (antes Twitter).
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Mwangi considera que su secuestro fue consecuencia directa de la publicación de una imagen creada mediante inteligencia artificial que mostraba a Ruto en un ataúd, la cual se hizo viral. La sátira política se había transformado en un canal frecuente de expresión entre la juventud keniana ante el clima de insatisfacción social.
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Datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia (KNHRC) indican que en 2024 se registraron al menos 82 abducciones, un incremento del 44% respecto a 2023. La mayoría de estos casos ocurrieron durante y después de las protestas masivas de junio contra la nueva Ley de Finanzas. Los informes señalan que, desde ese mes, más de 60 personas han muerto en enfrentamientos con fuerzas de seguridad.
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La actuación de las autoridades frente a las denuncias ha sido controvertida. La policía niega cualquier implicación en los secuestros y torturas; mientras que políticos de la Alianza Democrática Unida (UDA), fuerza de gobierno, han minimizado las desapariciones, sugiriendo públicamente que los jóvenes fingieron sus propios secuestros. Ningún cargo fue presentado contra Mwangi, quien fue dejado en libertad el 6 de enero de 2025, aunque su situación personal y su sensación de seguridad han quedado gravemente afectadas.
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El entorno represivo se ve agravado por los intentos del gobierno de regular las plataformas digitales y restringir la libertad de expresión. Tras las protestas de junio, han aumentado tanto la vigilancia gubernamental como las exigencias ciudadanas de rendición de cuentas. Las redes sociales se han convertido en instrumentos para organizar protestas y recaudar fondos a favor de las víctimas de la brutalidad policial, mientras grupos de derechos humanos denuncian la criminalización y persecución de la disidencia digital en Kenia.