En una decisión sin precedentes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a favor de un grupo de mujeres suizas mayores, quienes argumentaron que la inacción del gobierno suizo frente al cambio climático infringía sus derechos humanos. Este veredicto marca la primera vez que un tribunal internacional aborda directamente la cuestión del cambio climático en términos de obligaciones estatales de proteger a las personas de sus efectos. La corte encontró que Suiza había violado el derecho a la vida privada y familiar, al no cumplir con sus deberes en virtud de la Convención Europea de Derechos Humanos respecto al cambio climático.
Las demandantes, parte de la asociación KlimaSeniorinnen, compuesta por más de 2,000 mujeres suizas, alegaron que eran especialmente vulnerables a las olas de calor más frecuentes e intensas debido a su edad. Argumentaron que el gobierno no había tomado medidas suficientes para combatir el cambio climático, poniendo en riesgo su salud y calidad de vida. La corte les dio la razón y subrayó la necesidad de que Suiza ajuste sus políticas climáticas, incluyendo objetivos de reducción de emisiones a corto plazo para alinearse con el Acuerdo de París.
Este fallo histórico se produce en un contexto de creciente litigio climático en Europa y potencialmente establece un estándar para futuros casos relacionados con la protección del clima y los derechos humanos. Se espera que la decisión tenga un impacto significativo, no solo en Suiza sino en todos los estados miembros del Consejo de Europa, impulsando una mayor acción gubernamental contra el cambio climático y fortaleciendo los argumentos legales en casos similares en todo el mundo.
Las implicaciones de este fallo van más allá de las fronteras de Suiza, al establecer un precedente legal para que otros ciudadanos europeos puedan exigir medidas más enérgicas contra el cambio climático. Además, pone de relieve la conexión entre los derechos humanos y la acción climática, un vínculo que se ha fortalecido en el discurso público y legal en los últimos años. La decisión del tribunal subraya la urgencia de abordar el cambio climático de manera efectiva para proteger los derechos fundamentales de las personas.