El 23 de enero de 2025, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictó un fallo unánime en favor de H.W., una mujer francesa de 69 años, determinando que ella no debe ser considerada "culpable" en su divorcio por negarse a tener relaciones sexuales con su esposo. Esta decisión se produjo tras una extensa batalla legal que comenzó cuando H.W. solicitó el divorcio en 2012 después de más de 25 años de matrimonio.
H.W. y su esposo, J.C., se casaron en 1984 y tuvieron cuatro hijos, incluida una hija con discapacidad que necesitaba atención constante. En 1992, H.W. comenzó a sufrir problemas de salud. Diez años después, en 2002, su esposo comenzó a abusar de ella física y verbalmente. Finalmente, en 2004, H.W. dejó de tener relaciones sexuales con él debido a sus problemas de salud y al abuso sufrido.
En 2012, H.W. presentó una solicitud de divorcio alegando el comportamiento violento de su esposo y su descuido hacia la familia. Sin embargo, J.C. argumentó que ella había incumplido sus "deberes maritales" al negarse a mantener relaciones sexuales. En 2019, un tribunal de apelaciones en Versalles falló a favor de J.C., y la Corte de Casación de Francia desestimó su apelación sin dar razones específicas.
El TEDH dictaminó que hubo una violación del Artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que garantiza el derecho al respeto de la vida privada y familiar. El tribunal destacó la importancia del consentimiento en las relaciones sexuales dentro del matrimonio y afirmó que cualquier deber marital debe basarse en la libertad sexual y el derecho a la autonomía corporal.
El tribunal sugirió además que J.C. podría haber solicitado el divorcio alegando la ruptura irreparable del matrimonio en lugar de centrarse en la falta de relaciones sexuales. La causa de H.W. fue apoyada por varias organizaciones de derechos de las mujeres, como la Fondation des Femmes y el Collectif féministe contre le viol, quienes enfatizaron que el matrimonio no debe implicar una obligación sexual.
Tras el fallo, se ha hecho un llamado a la reforma de las leyes francesas para erradicar la cultura de la violación y promover una verdadera cultura de consentimiento y respeto mutuo. La ministra de Justicia de Francia, Gérald Darmanin, declaró que el país revisará sus leyes para adaptarlas a estas nuevas perspectivas sobre los derechosde las mujeres.
La importancia de este fallo radica en su impacto sobre la interpretación de los derechos de las mujeres en el matrimonio, fortaleciendo el concepto de consentimiento y autonomía personal dentro de un marco legal europeo. La decisión se produce en un contexto crítico para los derechos de las mujeres en Francia, especialmente tras el caso de Gisèle Pelicot, que atrajo la atención sobre la violencia de género y el consentimiento.