El 19 de mayo de 2024, la República Democrática del Congo fue escenario de un intento de golpe de estado que apuntó a la residencia del entonces ministro de Economía, Vital Kamerhe, y brevemente a una oficina de la presidencia. Liderado por Christian Malanga, un político congoleño con ciudadanía estadounidense, el ataque resultó en la muerte de seis personas, incluidos dos policías que custodiaban al ministro.
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El 7 de junio comenzó el juicio de los acusados, un proceso que culminó el 13 de septiembre con la condena a muerte de 37 personas por asociación criminal, ataque y terrorismo. Entre los condenados se encuentran tres ciudadanos estadounidenses: Marcel Malanga, de 21 años; Tyler Thompson Jr., de 22 años, y Benjamin Zalman-Polun, de 36 años. También figuran un belga, un canadiense y un británico, todos con vínculos con la RDC. A lo largo del juicio, los defensores de los estadounidenses alegaron haber sido coaccionados para participar en el ataque, afirmando que recibieron amenazas de muerte si no colaboraban. Las declaraciones de Marcel Malanga, quien afirmó que su padre lo amenazó, fueron respaldadas por las acusaciones de Thompson y Zalman-Polun.
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La justicia militar de la RDC reintrodujo la pena de muerte en marzo de 2024, levantando una moratoria que había estado vigente durante 21 años. Esta reinstauración se argumentó como necesaria para castigar delitos graves como la traición y el espionaje, en un contexto de creciente violencia y ataques militantes en el país.
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Durante el juicio, se presentaron quejas sobre la falta de interpretación adecuada para los acusados, y los defensores argumentaron que la pena capital podría no ser aplicable, pese a su reciente reinstauración. De los procesados, catorce personas fueron absueltas.
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La sentencia ha generado preocupación a nivel internacional, con organizaciones de derechos humanos cuestionando el cumplimiento de los estándares internacionales en el juicio. Los condenados tienen un plazo de cinco días para apelar la sentencia. La ejecución de este fallo pondrá a prueba la postura de la RDC hacia la aplicación de penas severas en casos de traición y ataques contra el Estado.