Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, emitió este martes una amenaza directa a colegios, escuelas y universidades del país al declarar que detendría toda financiación federal a aquellas instituciones que toleren lo que calificó como "protestas ilegales". A través de un comunicado en redes sociales, también advirtió que los participantes en estas protestas, a quienes denominó "agitadores", podrían ser encarcelados, deportados en caso de ser extranjeros, o incluso expulsados permanentemente de las instituciones educativas.

La declaración de Trump no especificó qué actos se considerarían como "protestas ilegales", pero sus comentarios llegan en un entorno tenso relacionado con el conflicto en la Franja de Gaza y la reacción de estudiantes en diversos campus. En este marco, la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión (FIRE) condenó las palabras del exmandatario, argumentando que representan una amenaza para la libertad de expresión y las protestas estudiantiles.

Esta amenaza de Trump surge al día siguiente de que su administración anunciara una revisión importante a la financiación de la Universidad de Columbia, la cual incluye la posible cancelación de más de 50 millones de dólares en contratos gubernamentales debido a lo que calificaron como "inacción frente al acoso implacable a estudiantes judíos". Adicionalmente, se anunció que más de 5 mil millones de dólares en subvenciones a la universidad están bajo evaluación para garantizar el cumplimiento con las normativas federales, incluidas aquellas en materia de derechos civiles.

El contexto de estas medidas se remonta a las protestas estudiantiles desatadas el año pasado en respuesta al conflicto en Gaza. En dichas manifestaciones, que incluyeron ocupaciones de edificios y enfrentamientos en el campus de la Universidad de Columbia, se arrestó y suspendió a más de 100 estudiantes. Ante esto, en enero la Universidad de Barnard, afiliada a Columbia, expulsó a dos alumnos por interrumpir una clase titulada “Historia de Israel Moderna”.

Los campus universitarios han sido un punto focal de debate desde entonces. Algunos sectores republicanos han vinculado estas protestas contra Israel a un presunto apoyo hacia Hamas, mientras que otros grupos han abogado por la defensa de los derechos de protesta y la libertad de expresión. La administración Trump y varias agencias gubernamentales, como el Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Administración de Servicios Generales, han intensificado desde entonces su revisión de los fondos destinados a instituciones educativas.

En enero de este año, Trump firmó una orden ejecutiva para combatir el antisemitismo. Entre sus puntos más polémicos se incluyen la revocación de visas de estudiantes extranjeros identificados como “simpatizantes de Hamas” y la deportación de personas vinculadas a “protestas pro-yihadistas”. Esta medida ha sido severamente criticada por organizaciones defensoras de la libertad de expresión, las cuales argumentan que la orden podría contravenir la Constitución de los Estados Unidos.

Robert F. Kennedy Jr., en su rol de secretario de Salud y Servicios Humanos, también abordó el tema al afirmar: “El antisemitismo, al igual que el racismo, es una enfermedad espiritual y moral que enferma a las sociedades”. Por su parte, la Universidad de Columbia reiteró su compromiso de combatir el antisemitismo y declaró que en su campus no hay lugar para la promoción de la violencia o el terrorismo.

En un plano más local, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, generó controversia la semana pasada al eliminar una vacante académica para un profesor de estudios palestinos en el Hunter College, así como la expulsión de estudiantes en el Barnard College. Estos eventos desataron una nueva ola de protestas estudiantiles en la ciudad neoyorquina.

A pesar de que la intensidad de las manifestaciones en los campus había disminuido en meses recientes, las recientes declaraciones del expresidente Trump y la acción gubernamental están reavivando el debate nacional sobre la libertad de expresión, los derechos estudiantiles y la financiación pública en el ámbito educativo.

En otoño pasado, la presidenta de la Universidad de Columbia, Minouche Shafik, renunció a su cargo tras los presionantes eventos en el campus, lo que marcó un cambio significativo en la dirección académica de la institución.