El anuncio fue realizado por Donald Trump a través de su cuenta en Truth Social, en la que informó que ha ordenado a la Oficina Federal de Prisiones, al Departamento de Justicia, al FBI y al Departamento de Seguridad Nacional iniciar los procedimientos para reabrir y expandir la prisión de Alcatraz, ubicada en la Bahía de San Francisco. Trump definió el objetivo como “construir una instalación sustancialmente más grande y reconstruida” para encarcelar a los delincuentes que considera los más despiadados y peligrosos del sistema estadounidense.
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La prisión de Alcatraz, empleada como fortaleza y penal federal a partir de 1934, permaneció en funcionamiento hasta 1963. Su clausura se debió al elevado costo de su operación e infraestructura en ruinas. Tradicionalmente, operar Alcatraz costaba casi el triple que otras prisiones federales debido a su localización insular, y las estimaciones actuales sitúan los gastos de restauración y mantenimiento entre 3 y 5 millones de dólares. Este centro albergó a criminales notorios como Al Capone y “Machine Gun” Kelly.
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Actualmente, la isla de Alcatraz es gestionada por el Servicio de Parques Nacionales y constituye un importante centro turístico que atrae a más de 1.4 millones de visitantes anualmente, siendo considerada un sitio de relevancia histórica. Los planes logísticos propuestos enfrentan desafíos evidentes, ya que la isla carece de acceso a agua potable y requeriría abastecimiento constante desde tierra firme, además de significativos trabajos de reconstrucción ante el avanzado deterioro estructural.
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El anuncio fue recibido con escepticismo y rechazo por figuras políticas. Nancy Pelosi calificó la iniciativa como “absurda y no seria”. Por su parte, Scott Wiener, senador estatal por California, la describió como un intento de convertir el sitio en un “gulag doméstico”. Además, varios críticos sostienen que esta medida desvía la atención de lo que consideran problemas más urgentes, como la escasez de fondos para programas de prevención de la violencia y el crimen.
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El contexto de la decisión se inscribe en un endurecimiento de las políticas penales y de inmigración del presidente Trump, quien también señaló la influencia de “jueces radicalizados” que, según su postura, obstaculizan la aplicación rigurosa de la ley.
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De forma paralela al anuncio sobre Alcatraz, Trump propuso la imposición de un arancel del 100% a las películas producidas en el extranjero, argumentando que esta medida protegería a la industria cinematográfica estadounidense.