La administración del presidente Donald Trump dio a conocer el 26 de febrero de 2025 una medida que ha generado intensos debates: un registro nacional obligatorio para los inmigrantes indocumentados que residen en Estados Unidos. Esta medida, enmarcada dentro de la orden ejecutiva “Protegiendo al Pueblo Estadounidense contra la Invasión”, establece una serie de requisitos, procedimientos, y penalizaciones sustanciales, redefiniendo el panorama migratorio en el país.

De acuerdo con las disposiciones, todo inmigrante indocumentado mayor de 14 años deberá registrarse ante el gobierno federal. Este proceso exige la entrega de huellas dactilares y la dirección actual del individuo. En el caso de los niños menores de 14 años, serán los padres o tutores quienes deban garantizar su registro. Una vez completado el trámite, a las personas mayores de 18 años se les proporcionará un documento que deberán portar en todo momento. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) planea divulgar próximamente los formularios y directrices específicas para el procedimiento.

La no inscripción en este registro acarreará severas sanciones legales. Los infractores podrán ser multados con cifras de hasta $5,000 y enfrentar penas de prisión de hasta seis meses. Además, la falta de cumplimiento será considerada un delito, abriendo la posibilidad de procesos penales contra los no registrados.

La administración justificó esta controvertida medida citando una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que ha sido mayormente ignorada en el pasado. Según Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, la iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio para endurecer las políticas migratorias y facilitar la identificación de personas que no se encuentran legalmente en el país.

Esta acción ha sido presentada como un componente esencial de una campaña más extensa para reforzar los controles migratorios. Dentro de este contexto, el registro representa un paso significativo en las estrategias de la administración para llevar a cabo deportaciones masivas y reducir la presencia indocumentada en el territorio estadounidense.

Las reacciones no se hicieron esperar. Organizaciones como la National Immigration Law Center y otros grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes expresaron su preocupación de que el registro pueda ser utilizado para identificar y deportar a miles de personas. Además, advierten que esta medida podría marcar el comienzo de la criminalización explícita de la vida indocumentada en el país.

Por otro lado, el gobierno aseguró que quienes cumplan con el registro no enfrentarán cargos criminales y que recibirán asistencia para regresar a sus países de origen, con la posibilidad de retornar eventualmente a Estados Unidos bajo ciertos criterios. La orden se aplicará únicamente a aquellos individuos que hayan residido en el país por al menos 30 días consecutivos.

Aunque la administración Trump defiende que esta medida busca regular y controlar la inmigración indocumentada de manera más eficiente, asociaciones y defensores de derechos humanos argumentan que el impacto de esta política puede ser devastador para numerosas familias y comunidades.