La administración Trump comunicó esta semana el despido de todos los participantes implicados en la redacción de la sexta Evaluación Nacional del Clima, cuya publicación estaba programada para inicios de 2028. A través de un correo electrónico, los investigadores recibieron la notificación de que el alcance del informe se "está reevaluando actualmente" y que todos los colaboradores quedaban liberados de sus funciones, aunque se dejó abierta la posibilidad de futuras oportunidades de participación.
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Desde el año 2000, el gobierno federal ha elaborado análisis detallados sobre cómo el aumento de las temperaturas impacta en la salud, agricultura, pesca, agua, transporte, energía y otros sectores clave de la economía estadounidense. La última Evaluación Nacional del Clima, publicada en 2023, es usada por gobiernos estatales y locales y por empresas privadas para planificar frente a olas de calor, inundaciones, sequías y otros desastres vinculados al clima.
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Este proceso, que involucra a cientos de científicos voluntarios en todo el país y múltiples revisiones por 14 agencias federales y consulta pública, es coordinado por el Programa de Investigación del Cambio Global, creado por el Congreso en 1990 y financiado por la NASA. Sin embargo, la presente administración ya había puesto en entredicho la continuidad del informe con medidas previas, incluida la cancelación este mes de un importante contrato con ICF International, consultora que proveía soporte técnico y personal para dicho programa.
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El presidente Trump ha minimizado reiteradamente los riesgos asociados al calentamiento global, y Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, recomendó antes de las elecciones la reestructuración del Programa de Investigación del Cambio Global, criticando el uso de sus informes científicos como base para litigios ambientales que restringían la actuación federal. Vought consideró a la división de investigación climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la más grande del gobierno, como fuente de “alarmismo climático”.
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Durante el primer mandato de Trump, ya se intentó sin éxito socavar la Evaluación Nacional del Clima. En 2018, el informe que advertía sobre las graves amenazas del calentamiento global fue divulgado un día después de Acción de Gracias, coincidiendo con un descenso en la atención pública.
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En febrero, los responsables científicos presentaron a la Casa Blanca el esquema preliminar de la próxima evaluación, cuya revisión ha quedado suspendida, posponiéndose también el período de comentarios de la agencia. Pese a que la Evaluación Nacional del Clima es una obligación legal por mandato del Congreso, el futuro del documento ahora es incierto. Algunos investigadores temen que pueda optarse por elaborar un informe diferente que reduzca los riesgos del cambio climático o contradiga la ciencia establecida al respecto.
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Meade Krosby, científico principal del Grupo de Impactos Climáticos de la Universidad de Washington, expresó inquietud sobre si una futura Evaluación reflejaría datos científicos fiables y serviría realmente para orientar a las comunidades en su preparación ante los efectos del cambio climático.
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Hasta la fecha, la comprensión científica sobre el cambio climático y sus repercusiones no ha cambiado considerablemente desde la evaluación de 2023, pero como señaló Jesse Keenan, ha habido avances en la investigación sobre medidas de adaptación a incendios forestales, aumento del nivel del mar y otros problemas agravados por el incremento de las temperaturas. Los tomadores de decisiones quedarían limitados a información desactualizada sobre acciones efectivas de adaptación y mitigación.
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La Evaluación Nacional del Clima es considerada fundamental por la comunidad científica y los legisladores estatales y locales para entender y prever los impactos regionales del cambio climático, y su suspensión dejaría a los responsables sin una guía validada sobre riesgos y vías de acción ante el calentamiento global. Dustin Mulvaney, profesor de estudios ambientales de la Universidad Estatal de San José, resumió el impacto afirmando que la pérdida del informe supondría la desaparición de la principal herramienta de comunicación pública sobre riesgos y estrategias en materia de cambio climático.