El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado 20 de marzo una orden ejecutiva que pretende desmantelar el Departamento de Educación, delegando la autoridad educativa a los estados y comunidades locales. La decisión, que ha sido un objetivo a largo plazo de los conservadores desde la década de 1980, busca reformar un sistema que, según el mandatario, ha fallado a pesar del aumento del gasto federal.

El Departamento de Educación reportó un presupuesto de 268 mil millones de dólares en el año fiscal 2024. Trump justifica esta medida señalando que, aunque los recursos de la agencia se han más que duplicado en años recientes, no ha habido mejoras significativas en los puntajes de las pruebas nacionales. Como parte del plan, la administración asegura que programas cruciales como el **Title I**, que asigna 18.4 mil millones de dólares a escuelas con altos índices de pobreza, y el **IDEA**, que destina 15.5 mil millones de dólares para estudiantes con discapacidades, no serán afectados. Sin embargo, aún no se ha detallado cómo se distribuirán estos recursos sin la supervisión del departamento.

En la fase inicial, la administración ha reducido la fuerza laboral de la agencia en un 50 % y cancelado diversas subvenciones y contratos. Entre las posibles consecuencias ya anticipadas se encuentra la pérdida de más de 180,000 empleos de profesores en escuelas Title I, además de la disminución de servicios esenciales para niños con discapacidades.

A pesar de la promesa de continuidad para los programas prioritarios, la orden ejecutiva ha recibido fuertes críticas. Líderes demócratas y organizaciones de defensa de la educación han advertido que la decisión podría agravar las desigualdades en comunidades de bajos ingresos. Hakeem Jeffries, líder de la minoría en la Cámara de Representantes, manifestó: "Esta acción no solo lastimará a los estudiantes más vulnerables, sino que también afectará a sus maestros y familias". Asimismo, las dudas legales persisten, ya que el Departamento de Educación, establecido por una ley en 1979, no puede ser eliminado sin la aprobación del Congreso.

Por otro lado, activistas pro-Trump y algunos republicanos han acogido la decisión como una oportunidad para descentralizar el control educativo y fomentar la autonomía estatal. En congruencia con esta visión, el representante Thomas Massie presentó un proyecto de ley el mismo año que, de ser aprobado, acabaría con el Departamento de Educación para finales de 2026; no obstante, iniciativas similares han fracasado anteriormente.

Durante la ceremonia en la que Trump estampó su firma en la orden ejecutiva, reafirmó su intención de llevar a término el cierre de la agencia: "El Departamento de Educación ha sido una burocracia costosa e ineficaz. No cumpliré mi mandato sin asegurarme de que haya sido cerrado". Asimismo, expresó su esperanza de que Linda McMahon, actual secretaria de Educación, sea la última en ocupar ese cargo.

La iniciativa de Trump ha reavivado el debate sobre la administración de la educación en Estados Unidos. Muchos expertos señalan que, aunque se opte por descentralizar el sistema, aún queda definir cómo se hará con los fondos federales destinados a programas como Title I e IDEA, los cuales impactan directamente en las comunidades más vulnerables.

La orden ejecutiva constituye una de las acciones más significativas de la administración Trump respecto a la política educativa, y las reacciones tanto a favor como en contra reflejan las profundas divisiones sobre el rol del gobierno federal en la educación pública. Mientras las implicaciones legales y prácticas del cierre continúan siendo discutidas, el país enfrenta un momento pivotal en su enfoque hacia la gestión educativa.

El Departamento de Educación de Estados Unidos fue creado en 1979 bajo la presidencia de Jimmy Carter y ha sido un tema controvertido entre los partidos políticos desde su fundación, convirtiéndose en un blanco recurrente de propuestas republicanas para su eliminación.