El 6 de febrero de 2025, el presidente Donald Trump aprobó dos órdenes ejecutivas que han generado reacciones internacionales y nacionales. Una de las órdenes impone sanciones financieras y restricciones de visa a individuos y sus familiares que participen en investigaciones del Tribunal Penal Internacional (CPI) sobre ciudadanos estadounidenses o sus aliados. Esta decisión surge tras la emisión de órdenes de arresto por parte del CPI contra altos funcionarios israelíes, incluyendo al primer ministro Benjamin Netanyahu y al exministro de Defensa Yoav Gallant, acusados de presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
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La orden de Trump busca castigar al CPI por estas órdenes, relacionadas con acciones militares de Israel en Gaza después del ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023. El CPI condenó la orden ejecutiva, alegando que su objetivo es "imponer sanciones a sus funcionarios y dañar su independencia y trabajo judicial imparcial". Además de Netanyahu y Gallant, el CPI había emitido órdenes similares contra líderes de Hamas, incluyendo a Yahya Sinwar, quien fue asesinado posteriormente. Esta situación ha sido criticada por varios sectores que argumentan que estos warrants equiparan líderes de un aliado de EE. UU. con terroristas.
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En enero, la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano, aprobó un proyecto de ley similar para sancionar al CPI. Sin embargo, fue bloqueado en el Senado por los demócratas.
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La segunda orden ejecutiva se centra en el "sesgo anti-cristiano" en agencias federales. Trump anunció la creación de un grupo de trabajo para abordar este tema, liderado por la fiscal general Pam Bondi. Durante el Desayuno Nacional de Oración, Trump defendió esta medida, afirmando que es necesaria para "proseguir con la persecución de la violencia y vandalismo anti-cristianos" en instituciones gubernamentales. Según la orden, agencias como el FBI y el IRS serán examinadas, ya que Trump las acusó de atacar sistemáticamente a creyentes cristianos.
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Además, se establecerá una nueva oficina de fe en la Casa Blanca, dirigida por Paula White, consejera espiritual de Trump. Críticos han señalado que esta iniciativa puede ser vista como un intento de privilegiar al cristianismo evangélico sobre otras minorías religiosas y han instado a Trump a abordar también problemas como el antisemitismo y la islamofobia.
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El contexto adicional de estas medidas incluye el esfuerzo de Trump por consolidar el apoyo de su base conservadora cristiana. La medida se suma a acciones previas como el indulto a activistas anti-aborto. En la misma semana de la firma de la orden, Netanyahu se reunió con líderes evangélicos en Washington, reforzando la alianza entre el cristianismo y el sionismo.
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Estas acciones subrayan la estrategia de Trump de energizar su base conservadora cristiana mientras desafía a organismos internacionales como el CPI, y han generado tanto apoyo como críticas en distintos sectores de la sociedad estadounidense e internacional.