Desde que asumió el poder el pasado 20 de enero, Donald Trump ha centrado su atención en transformar Estados Unidos en un país que muchos describen como un "balneario para blancos". Mientras desvía la mirada internacional hacia conflictos como Gaza, aranceles comerciales o la propiedad del Canal de Panamá, dentro de sus fronteras avanza una agenda marcada por la xenofobia y el racismo. Su objetivo es claro: identificar, señalar y expulsar a los migrantes latinos, a quienes ha convertido en el nuevo enemigo interno.

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El Gobierno de Trump ha anunciado su intención de llevar a cabo "la mayor deportación de la historia". Para lograrlo, no hay límites. Escuelas, hospitales e iglesias ya no son considerados lugares seguros frente a las redadas antiinmigrantes. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, se refiere a los indocumentados como "basura" o "desechos". En estados como Misisipi y Misuri, se han propuesto recompensas de mil dólares para ciudadanos que delaten a extranjeros. Hablar español o tener la piel oscura se ha convertido en un riesgo: en las últimas redadas, varios ciudadanos estadounidenses han sido detenidos solo por su apariencia.

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Además, el Gobierno ha retirado el Estatus de Protección Temporal (TPS) a 300.000 venezolanos que entraron legalmente al país, convirtiéndolos en indocumentados de la noche a la mañana. Algunos de ellos podrían ser enviados a la base de Guantánamo, en Cuba, como parte de esta política de expulsión.

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Mariana, una venezolana de 36 años, es una de las afectadas por la cancelación del TPS. Llegó a Estados Unidos hace tres años con su esposo y su hija, huyendo de la violencia y la crisis económica en Venezuela. Ahora, teme ser deportada y separada de su familia. "Prefiero que me dejen en México o Colombia, pero no puedo regresar a Venezuela", dice entre lágrimas. Mariana y su familia han construido una vida en Queens, Nueva York, pero el miedo a las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) los mantiene en constante alerta.

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Como Mariana, millones de migrantes latinos viven con el temor de ser detenidos y deportados. Según datos oficiales, hay alrededor de 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, aunque las cifras reales podrían superar los 13 millones. Estos migrantes no solo trabajan y consumen, sino que en 2022 pagaron más de 95.000 millones de dólares en impuestos. A pesar de su contribución económica, el mensaje del Gobierno es claro: ya no son bienvenidos.

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Ante la incertidumbre, muchas familias latinas están tomando medidas extremas. En iglesias como la parroquia episcopal San Mateo en Maryland, los padres migrantes están cediendo la tutela de sus hijos a vecinos o líderes comunitarios en caso de ser deportados. El padre Vidal Rivas, un sacerdote salvadoreño, ha aceptado la responsabilidad de cuidar a 14 niños si sus padres son detenidos. "Es mucha responsabilidad, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados", dice Rivas.

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En las escuelas de Nueva York, se están realizando reuniones para informar a los padres sobre sus derechos y cómo actuar en caso de una redada. Las asociaciones comunitarias distribuyen folletos con instrucciones sobre cómo enfrentar una detención: no abrir la puerta sin una orden judicial, buscar asesoría legal y no firmar documentos sin entenderlos.

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El clima de hostilidad hacia los migrantes ha dado lugar a actos de violencia y discriminación. En Carolina del Sur, un hombre fue arrestado por amenazar a una familia latina, gritándoles: "No hables ese español de mierda en mi país". Este tipo de incidentes reflejan cómo el discurso de odio promovido por el Gobierno ha permeado en la sociedad.

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A pesar de las críticas y los desafíos legales, las políticas de Trump cuentan con un amplio apoyo entre sus seguidores. Una encuesta de The New York Times e Ipsos reveló que el 55% de los votantes apoya las deportaciones masivas, y un 63% está de acuerdo con expulsar a quienes entraron ilegalmente durante la Administración de Joe Biden.

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Mientras tanto, familias como la de Nata, una mexicana de 40 años, viven con el temor constante de ser separadas. Su hijo, nacido en Texas y ciudadano estadounidense, ya ha comenzado a sentir el peso del miedo. "Mi niño tiene más miedo que yo", dice Nata, quien ha comenzado a preparar documentos legales para asegurar el futuro de su hijo en caso de ser deportada.

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El plan de Trump no solo busca expulsar a los migrantes, sino también redefinir quién pertenece a Estados Unidos. Sin embargo, muchas de sus decisiones, como la eliminación de la ciudadanía por nacimiento, enfrentan desafíos legales y podrían ser declaradas inconstitucionales.

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Mientras el país debate su identidad, millones de migrantes latinos luchan por mantener unidas a sus familias en medio de un clima de miedo y exclusión.