La decisión del gobierno de Estados Unidos de cancelar todos los contratos federales con la Universidad de Harvard representa un nuevo episodio en el conflicto entre la administración Trump y la reconocida institución académica. El monto total afectado por la medida asciende a 100 millones de dólares e involucra programas de investigación en salud, así como capacitación ejecutiva dependientes de nueve departamentos federales distintos.
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El plazo otorgado por la Casa Blanca a las agencias federales para detallar qué convenios serán rescindidos vence el 6 de junio. Entre los motivos oficiales de la cancelación, la administración Trump cita prácticas de discriminación racial en los procesos de admisión de Harvard y una supuesta falta de atención a la seguridad y bienestar de los estudiantes judíos, señalando expresamente la existencia de antisemitismo en el campus.
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Paralelamente, desde abril, el gobierno vigila estrechamente el acceso de la universidad a recursos públicos, habiendo congelado 3.200 millones de dólares en subvenciones federales para investigación. A ello se suma el intento de prohibir la matrícula de estudiantes internacionales, una medida que ha sido suspendida temporalmente por orden de un juez federal. Harvard acoge a unos 6.800 estudiantes extranjeros, quienes suponen más del 27% de la matrícula.
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En el marco de estas acciones, la Administración de Servicios Generales (GSA) notificó a las agencias federales que las políticas de admisión de Harvard favorecerían de manera indebida a afroamericanos e hispanos, y perjudicarían a postulantes blancos y asiáticos. Además, se acusa a la universidad de no implementar medidas suficientes para proteger a los alumnos judíos ante situaciones de antisemitismo en la vida estudiantil universitaria.
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Harvard, por su parte, ha contestado a través de procesos judiciales, argumentando que estas disposiciones constituyen intentos ilegítimos de intervenir en su autonomía académica y política de contratación.
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En el ámbito político, varios miembros del Congreso, principalmente del Partido Republicano, han mostrado apoyo a la presión federal, planteando, además, la imposición de nuevos impuestos sobre las dotaciones universitarias de gran tamaño, lo que podría tener un costo de hasta 850 millones de dólares anuales para Harvard.
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Donald Trump enfatizó en sus redes sociales que los fondos federales congelados podrían redirigirse a instituciones de formación vocacional, manifestando su postura de que Harvard no debería beneficiarse de recursos públicos si no cumple con los estándares exigidos por el gobierno.
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Este conflicto ha escalado a niveles financieros, legales y políticos que afectan tanto a la comunidad universitaria como al esquema de financiación federal para la educación superior en Estados Unidos.