El presidente Donald Trump ha firmado el 23 de enero de 2025 un decreto ejecutivo que ordena la desclasificación de miles de documentos gubernamentales relacionados con los asesinatos de John F. Kennedy, Robert F. Kennedy y Martin Luther King Jr. Este decreto, que llega al inicio de su segundo mandato, responde a la demanda pública de mayor transparencia sobre estos eventos históricos.
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El decreto establece plazos específicos para la desclasificación. La directora de inteligencia nacional y el fiscal general tienen 15 días para presentar un plan para desclasificar los registros de JFK, y 45 días para los documentos relacionados con los asesinatos de Robert F. Kennedy y Martin Luther King Jr.
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John F. Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, por Lee Harvey Oswald, quien a su vez fue asesinado pocos días después por Jack Ruby. Robert F. Kennedy, hermano del presidente asesinado, murió el 5 de junio de 1968 en Los Ángeles, California, a manos de Sirhan Sirhan. Martin Luther King Jr. fue asesinado el 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee, por James Earl Ray.

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Se estima que más de 3,000 documentos relacionados con el asesinato de JFK no han sido completamente desclasificados. La ley de 1992 establecía que todos los documentos relacionados con estos asesinatos debían ser liberados en un plazo de 25 años. Aunque Trump había prometido liberar todos los documentos en su primer mandato, algunos fueron retenidos debido a preocupaciones de seguridad nacional.

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La decisión de Trump ha generado diversas reacciones. Robert F. Kennedy Jr., recién nominado por Trump como secretario de salud, expresó su gratitud, destacando la importancia de la transparencia gubernamental. En contraste, Jack Schlossberg, nieto de JFK, criticó la medida, calificándola de "prop político" y sugiriendo que la desclasificación se utiliza con fines políticos en lugar de genuinamente buscar la verdad.

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La colección de documentos sobre el asesinato de JFK incluye más de 5 millones de registros, que debían ser abiertos por el Archivo Nacional para 2017, salvo excepciones designadas por el presidente. La prolongada clasificación de estos documentos ha alimentado diversas teorías de conspiración sobre los asesinatos, y la opinión pública ha mostrado escepticismo respecto a la narrativa oficial de que Oswald actuó solo.

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Este decreto ejecutivo representa un esfuerzo por abordar las demandas de transparencia sobre eventos históricos que han sido objeto de especulación durante décadas.