La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) informó esta semana a 455 empleados que perderán su empleo o serán reasignados debido a la reducción o eliminación de iniciativas relacionadas con justicia ambiental, diversidad, equidad e inclusión, en cumplimiento con las medidas impulsadas por el presidente Donald Trump para reorganizar priorizaciones y recortar el tamaño del gobierno federal.
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Entre los afectados se encuentran los 10 coordinadores regionales de salud infantil. Estos especialistas colaboran con escuelas e instituciones para prevenir la exposición de menores a riesgos ambientales, y abordan asuntos como contaminación por plomo y pesticidas, así como los efectos del humo de incendios forestales sobre la población joven. Sus perfiles incluyen biólogos, ingenieros ambientales y expertos en salud pública responsables de diseñar recursos educativos y orientar a reguladores de la agencia sobre el impacto de sustancias tóxicas en los cuerpos de los niños.
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Los despidos y reasignaciones están previstos para el 31 de julio. De acuerdo con la portavoz Molly Vaseliou, la EPA busca “posicionarse mejor para cumplir con su misión principal de proteger la salud humana y el medio ambiente”. Sin embargo, representantes sindicales señalaron que solo tres coordinadores de salud infantil recibieron notificaciones de reasignación; el resto fue notificado de la eliminación de sus puestos, lo que implica que la mayoría sería separada definitivamente.
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Simultáneamente, la EPA, bajo la administración del director Lee Zeldin, inició el despido de 280 empleados adscritos a programas de justicia ambiental y diversidad, equidad e inclusión. Adicionalmente, 175 trabajadores serán reasignados a diferentes funciones al tiempo que la agencia cerrará la Oficina de Justicia Ambiental y Derechos Civiles Externos. Zeldin ha defendido la medida argumentando que la asignación de recursos adicionales a comunidades vulnerables representa, en su opinión, una modalidad de “discriminación forzada”. Durante una conferencia de prensa, Zeldin indicó que su objeción está dirigida a la financiación de grupos externos en el contexto de la justicia ambiental.
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Las comunidades pobres y minoritarias suelen ubicarse en proximidad a fuentes importantes de contaminación, como zonas industriales y centrales eléctricas, y registran tasas superiores al promedio nacional de asma y enfermedades cardíacas. No obstante, la administración decidió cancelar subvenciones orientadas a proteger a estos grupos, manteniendo la posición de que atender desproporcionalmente ciertos sectores puede desvincularse del enfoque general de salud pública.
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Portavoces sindicales como Ellie Hagen, de Chicago, han declarado que los coordinadores de salud infantil están siendo penalizados debido a que sus funciones explícitamente involucran el trabajo con poblaciones infantiles vulnerables. La eliminación o reasignación de estos especialistas implica un cambio estructural en la capacidad de la EPA para abordar las necesidades específicas de salud infantil vinculadas al entorno.
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Las acciones forman parte de una reestructuración más amplia dentro de la agencia, dirigida a centralizar recursos y transformar sus estrategias de intervención comunitaria, en sintonía con las prioridades fijadas en la actual administración.