El presidente Donald Trump firmó el 22 de enero de 2025 una orden ejecutiva que ordena el despliegue de hasta 1,500 soldados adicionales en la frontera con México. Esta medida se enmarca dentro de una serie de acciones ejecutivas que buscan endurecer las políticas migratorias del país, afectando también la suspensión del programa de reasentamiento de refugiados y la reinstauración de la política "Permanecer en México".
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En términos de despliegue militar, hasta 1,500 soldados activos se sumarán a los aproximadamente 2,200 efectivos ya presentes en la frontera como parte de la Fuerza de Tarea Conjunta-Norte, que asiste a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La primera ola de despliegue incluirá a aproximadamente 500 marines del Camp Pendleton y la 1ª División de Marines ubicada en San Diego.

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Los soldados desempeñarán diversas funciones logísticas, de transporte y de construcción de barreras. Además, podrían ser asignados a roles de apoyo en los centros de mando y control, así como en operaciones aéreas. Existe también la posibilidad de que asuman funciones de aplicación de la ley, un tema que podría invocar la Ley contra la Insurrección de 1807, permitiendo el uso de tropas en situaciones de disturbios internos.

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La administración Trump justifica estas acciones argumentando que las políticas migratorias anteriores, bajo el mandato de Joe Biden, han creado riesgos inaceptables para la seguridad pública y nacional. Las cifras recientes indican una disminución en el número de migrantes cruzando la frontera, con entre 1,100 y 1,300 cruces ilegales diarios.

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Además, la administración ha solicitado al Pentágono que esté preparado para desplegar hasta 10,000 tropas adicionales si es necesario, lo que ha suscitado preocupación sobre la capacidad de las fuerzas armadas para cumplir con otras misiones globales.
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La decisión ha generado críticas de defensores de los derechos de los inmigrantes y funcionarios locales, quienes argumentan que la militarización de la política migratoria puede tener implicaciones graves. Se ha iniciado una investigación para determinar si los funcionarios que no implementen estas nuevas políticas con la rapidez deseada podrían enfrentar acciones legales.
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Este aumento en la presencia militar en la frontera sur de Estados Unidos marca un cambio significativo en la estrategia de inmigración y refuerza la postura del gobierno respecto a la seguridad fronteriza. La medida constituye una escalada en la militarización de la política de inmigración del país, generando un debate considerable sobre sus consecuencias éticas y prácticas.