La administración de Donald Trump ha tomado medidas para eliminar o reducir 31 regulaciones ambientales bajo la supervisión de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Entre las normas afectadas se encuentran restricciones a la contaminación del aire proveniente de automóviles y plantas de energía, regulaciones que limitan las emisiones de mercurio, un neurotóxico, y protecciones que salvaguardaban ríos y arroyos de la contaminación.

El administrador de la EPA, Lee Zeldin, calificó estas acciones como el "mayor día de desregulación que ha visto nuestra nación" y señaló que estas medidas buscan combatir lo que llamó la "religión del cambio climático". Uno de los cambios más significativos es la posible revisión de un documento emitido en 2009 que concluyó que los gases de efecto invernadero son perjudiciales para la salud humana, un fundamento clave para las políticas climáticas actuales.

Según análisis internos de la EPA, las regulaciones eliminadas estaban destinadas a prevenir aproximadamente 200,000 muertes en los próximos 25 años, al abordar enfermedades respiratorias y cardíacas vinculadas a la contaminación. Económicamente, estas regulaciones ofrecían beneficios anuales valorados en al menos $254 mil millones, al reducir costos sanitarios y promover menos días perdidos por enfermedad, mientras que los costos estimados de cumplimiento eran de $40 mil millones anuales.

Jeremy Symons, exfuncionario de la EPA, afirmó que por cada millón de dólares en exenciones que recibe la industria contaminante, la sociedad incurre en $6 millones en costos de salud pública. A pesar de las advertencias, se prevén al menos 20,000 visitas adicionales a emergencias por problemas cardiovasculares para 2050, así como 89 millones de días de actividades restringidas para niños debido al aumento en niveles de contaminación. Esto es especialmente relevante en un contexto donde uno de cada 12 estadounidenses padece asma.

La eliminación masiva afecta 31 regulaciones, aunque solo 11 han sido evaluadas a fondo respecto a su impacto en la salud y su viabilidad económica. Sin embargo, expertos denuncian que estos estudios subestiman los daños relacionados con condiciones graves como el cáncer y los efectos de desastres naturales agravados por el cambio climático. Se había proyectado que estas regulaciones evitarían unos 100 millones de incidentes sintomáticos de asma para mediados de siglo.

Simultáneamente, la administración está llevando a cabo despidos de personal científico en la EPA, con un plan para reducir más de 1,155 puestos, lo que complica la capacidad del organismo para evaluar y justificar futuras decisiones regulatorias. Estas acciones han suscitado fuertes críticas de grupos ambientalistas, que han prometido emprender acciones legales en un intento por frenar estos recortes y proteger las regulaciones vigentes. De prevalecer los cambios, se anticipa un aumento significativo en la carga administrativa y legal para una EPA ya debilitada, lo que podría retrasar futuras iniciativas medioambientales.

Las implicaciones de estos recortes representan no solo un giro en la política ambiental de Estados Unidos, sino también un desafío considerable para la salud pública, el medio ambiente y el bienestar económico de millones de personas. Mientras tanto, el debate sobre el balance entre desregulación y protección del medio ambiente continúa intensificándose en el país.

Las regulaciones eliminadas estaban diseñadas para evitar 100 millones de casos sintomáticos de asma y reducir los días restrictivos de actividades escolares y recreativas para niños debido a problemas de contaminación del aire para 2050.