El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves una orden ejecutiva que permite la pesca comercial en el Monumento Nacional Marino del Patrimonio de las Islas del Pacífico, una de las áreas oceánicas protegidas más extensas del planeta. Esta zona, situada a unos 1.200 kilómetros al oeste de Hawái, abarca casi 130.000 kilómetros cuadrados y comprende cadenas de islas, atolones y más de 160 montes submarinos que constituyen hábitats cruciales para tortugas marinas, ballenas en peligro de extinción y una excepcional biodiversidad marina.
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Creado originalmente en 2009 por el entonces presidente George W. Bush y ampliado por Barack Obama en 2014, el monumento prohibía la pesca industrial desde hace más de una década. La orden ejecutiva de Trump revierte estas restricciones y, por primera vez desde la creación del monumento, permite operaciones pesqueras a gran escala en la zona.
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Junto a la reapertura del monumento, Trump firmó una segunda orden dirigida al Departamento de Comercio para suavizar regulaciones que afectan a las actividades de pesca comercial, acuicultura y procesamiento de productos del mar. Además, instruyó al Departamento del Interior a revisar la situación de todos los monumentos marinos nacionales y emitir recomendaciones sobre la posible apertura de otros para la pesca comercial.
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Durante la firma, el presidente estuvo acompañado en la Oficina Oval por un pescador de Samoa Americana y por Aumua Amata Coleman Radewagen, delegada del territorio ante la Cámara de Representantes, quien había solicitado formalmente la reapertura de la pesca en los alrededores del monumento a través de una carta enviada en enero. La economía de Samoa Americana depende en gran medida de la pesca, especialmente del atún, y sectores políticos y pesqueros argumentan que la medida contribuye a fortalecer la seguridad alimentaria y la estabilidad económica tanto de los territorios estadounidenses en el Pacífico como de Hawái.
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La administración Trump sostiene que leyes existentes como la Ley de Especies en Peligro de Extinción y la Ley de Agua Limpia serán suficientes para proteger la vida marina y los hábitats del área, argumento que ha sido rechazado de inmediato por organizaciones ambientalistas. Expertos como Maxx Phillips, del Centro para la Diversidad Biológica, y Angelo Villagomez, del Centro para el Progreso Americano, advirtieron que la decisión constituye un grave riesgo para ecosistemas frágiles y representa un precedente negativo para la conservación marina en Estados Unidos, que controla cerca de cinco millones de millas cuadradas de océano.
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Los ambientalistas han anunciado su intención de impugnar la legalidad de esta decisión ante los tribunales. Los críticos subrayan que el área es vital para especies amenazadas y que la protección continua fomenta incluso la productividad pesquera, como lo argumentó el ecólogo marino Robert H. Richmond de la Universidad de Hawái, quien señaló que mantener grandes reservas libres de pesca favorece la reproducción y densidad de las poblaciones de peces.
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Esta medida forma parte de un conjunto de iniciativas por parte de la actual administración que incluyen propuestas de reforma a la Ley de Especies en Peligro de Extinción, recortes al Servicio Meteorológico Nacional y la negativa a desembolsar fondos previamente asignados para acciones climáticas.
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El anuncio ha profundizado el debate entre autoridades federales, representantes regionales y especialistas en conservación sobre el equilibrio entre crecimiento económico y protección ambiental en las regiones oceánicas de Estados Unidos.