La administración de Donald Trump ha oficializado un cambio drástico en la política estadounidense de asistencia internacional tras anunciar la eliminación de más del 90% de los contratos gestionados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), así como el fin del financiamiento al programa conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (UNAIDS). Este movimiento representa un recorte aproximado de $60 mil millones en asistencia global, cifra que refleja el impacto de estas decisiones.

El programa UNAIDS, uno de los principales afectados por los recortes, se dedicaba a coordinar esfuerzos internacionales para combatir el VIH/SIDA en países de ingresos bajos y medios. Según una carta firmada por Peter Marocco, funcionario de USAID, esta acción responde a la “conveniencia del gobierno de EE. UU.” y busca alinear los fondos con las prioridades nacionales. Antes de estos ajustes, Estados Unidos representaba aproximadamente dos tercios de la financiación internacional para la prevención del VIH, respaldando principalmente al Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR), que desde su establecimiento en 2003 ha contribuido con el 70% de la respuesta global al VIH/SIDA.

El impacto más grave se espera en Sudáfrica, donde, según la Fundación Desmond Tutu, los recortes podrían causar hasta 500,000 muertes y medio millón de nuevas infecciones por VIH en los próximos diez años. USAID había proporcionado apoyo económico crucial a grupos de salud en este país, que actualmente atienden a 5.5 millones de personas con VIH. Aunque EE. UU. financia solo el 17% del programa de VIH en Sudáfrica, la suspensión de sus contribuciones amenaza la sostenibilidad de los tratamientos.

A nivel global, al menos 55 países han informado interrupciones en sus programas para enfrentar el VIH, exacerbando los desafíos ya existentes. Estos efectos también son visibles en Somalia, donde el cierre de clínicas financiadas por USAID está afectando la atención diaria de 1,700 niños desnutridos.

El recorte masivo de USAID también incluyó la terminación de 10,000 contratos que previamente apoyaban programas contra el hambre y enfermedades en diversas naciones. La decisión se fundamentó en un decreto firmado por el expresidente Donald Trump el pasado 20 de enero, que congeló la mayoría de los fondos para someter a revisión los gastos durante 90 días. Desde entonces, los programas que dependían de estos contratos han enfrentado suspensiones que impactan a millones de personas en países vulnerables.

Organizaciones no gubernamentales y expertos internacionales han alertado sobre las posibles consecuencias de estas medidas, que van desde el aumento en la inestabilidad social hasta la intensificación de la migración debido a la falta de servicios esenciales en las regiones afectadas. Desde el gobierno de Trump se argumenta que los programas excluidos no estaban alineados con las prioridades estratégicas de la administración, ni los consideraban esenciales para los intereses nacionales.

La controversia alrededor de estos recortes se suma a un momento crítico para los sistemas de salud de muchos países, ya golpeados por la pandemia de COVID-19. Expertos coinciden en que las decisiones podrían erosionar años de avances en la lucha contra el VIH/SIDA y desestabilizar comunidades enteras que dependían de la ayuda estadounidense.

El Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR), uno de los programas más afectados por los recortes a UNAIDS, ha sido considerado una de las políticas de salud pública más exitosas de Estados Unidos, logrando salvar hasta 18 millones de vidas desde su creación en 2003.