El 22 de mayo de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos revocó la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) de Harvard, impidiendo así a la universidad inscribir a estudiantes internacionales. La decisión, respaldada por la secretaria de DHS, Kristi Noem, otorga a Harvard un plazo de 72 horas para transferir a los actuales estudiantes internacionales o estos perderán su estatus legal en Estados Unidos.
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Esta medida involucra directamente a 6,800 estudiantes internacionales, cifra que representa el 27% de la matrícula total de Harvard. La universidad recibe cada año a alumnos de más de 140 países, quienes aportan una parte relevante de su presupuesto anual cercano a los $6 mil millones.
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Las razones esgrimidas para la revocación incluyen incumplimiento de solicitudes de información sobre el comportamiento de sus estudiantes internacionales, acusaciones de no haber creado un entorno seguro en el campus —especialmente para estudiantes judíos— y la presunta promoción de un clima pro-terrorista a través de políticas de diversidad e inclusión. Adicionalmente, el Gobierno estadounidense sostiene que la universidad habría colaborado con el Partido Comunista Chino.
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A nivel financiero, la medida tiene un impacto significativo: los estudiantes internacionales suelen pagar la matrícula completa, siendo una fuente esencial de ingresos para Harvard. La dirección de la universidad calificó la revocación de “ilegal” y reiteró su apoyo a la comunidad estudiantil internacional, a la que está ofreciendo orientación y respaldo ante la incertidumbre generada.
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En el ámbito judicial, un juez federal en California emitió una orden de restricción que impide, de momento, cancelar el estatus legal de los estudiantes internacionales de Harvard mientras se resuelven los litigios relativos a esta política.
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La revocación se enmarca en una escalada de tensiones entre la administración Trump y la universidad, incluyendo amenazas previas de eliminar la exención fiscal de Harvard y suspender fondos federales por miles de millones de dólares. La administración enfrenta además presión política para dar respuesta al incremento de denuncias de antisemitismo y radicalización en los campus universitarios de Estados Unidos.