El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 6 de febrero de 2025 una orden ejecutiva que impone una serie de sanciones al personal del Tribunal Penal Internacional (TPI), con el objetivo de detener cualquier investigación del tribunal que involucre a ciudadanos estadounidenses o aliados, específicamente Israel. Esta decisión responde a las recientes órdenes de arresto emitidas por el TPI contra figuras políticas de alto perfil, como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra cometidos en Gaza.
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Las sanciones establecidas incluyen congelación de bienes en EE. UU. y prohibiciones de viaje para los funcionarios del TPI y sus familiares más cercanos. Para ello, el Departamento de Estado tiene 60 días para presentar los nombres de los funcionarios afectados. La administración de Trump argumenta que el TPI ha excedido su jurisdicción, ya que ni Estados Unidos ni Israel son signatarios del Estatuto de Roma, el tratado que establece el tribunal.
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La orden ejecutiva resalta que las investigaciones del TPI representan un abuso de poder y podrían poner en riesgo a los militares estadounidenses, exponiéndolos a acosos y posibles detenciones arbitrarias. La medida fue condenada por el TPI, que pidió a los 125 Estados miembros defender la justicia y los derechos fundamentales. También, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU instó a Trump a revertir las sanciones.
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Las reacciones internacionales han sido diversas. Decenas de países, entre ellos el Reino Unido, Alemania y Francia, han expresado su respaldo al TPI, describiéndolo como un pilar esencial del sistema de justicia internacional. Un total de 79 Estados firmaron una declaración conjunta condenando la orden ejecutiva.
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Por su parte, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional argumentaron que esta orden ejecutiva socava la justicia internacional e insinúa que Israel se encuentra por encima de la ley.
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Esta no es la primera vez que Trump toma medidas similares contra el TPI. En 2020, su administración ya había impuesto sanciones contra la entonces fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, debido a sus investigaciones sobre crímenes de guerra en Afganistán y los territorios palestinos ocupados. La actual investigación del TPI sobre Netanyahu y Gallant se basa en acusaciones graves que incluyen el uso de la "hambruna como método de guerra" y ataques intencionales contra civiles durante la campaña en Gaza.

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El impacto potencial de estas sanciones no es menor. Podrían dificultar significativamente las operaciones técnicas y la recopilación de pruebas del TPI, desalentando a las víctimas a testificar y amenazando la existencia misma del tribunal, que depende en gran parte de la cooperación internacional.

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Actualmente, el TPI cuenta con 125 países miembros. Las sanciones a funcionarios del tribunal podrían establecer un precedente preocupante para la justicia internacional, poniendo en tela de juicio la capacidad del TPI para actuar de manera independiente y efectiva. En 2020, Trump ya había impuesto sanciones similares a la fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, estableciendo un precedente en su postura contra la corte internacional.