El presidente Donald Trump emitió el pasado lunes una orden ejecutiva que suspende, por un periodo de seis meses, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés). Esta ley, promulgada en 1977, prohíbe que empresas con operaciones en Estados Unidos sobornen a funcionarios públicos de otros países para conseguir acuerdos comerciales. Además, establece severas sanciones civiles y penales, incluyendo multas millonarias y penas de prisión.  
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Trump ha argumentado que la normativa pone a las compañías estadounidenses en desventaja frente a competidores internacionales, al prohibirles participar en prácticas que son consideradas comunes en otros mercados. Según un comunicado de la Casa Blanca, la "aplicación excesiva" de la ley crea un "campo de juego desigual", perjudicando la competitividad de las empresas del país.
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La orden incluye la suspensión de nuevas investigaciones o acciones judiciales relacionadas con la FCPA, mientras que las investigaciones pendientes serán revisadas con el objetivo de "restaurar los límites adecuados" de la norma. Sin embargo, no está claro cómo esta decisión afectará al trabajo de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), organismo que presenta demandas civiles complementarias a las investigaciones del Departamento de Justicia.
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En décadas recientes, la FCPA ha sido una herramienta central para combatir la corrupción empresarial. En 2022, se registraron alrededor de 30 medidas de cumplimiento basadas en esta ley, en contraste con solo cuatro casos en 2004. Entre los casos más emblemáticos destaca el del banco Goldman Sachs, cuya filial fue declarada culpable por su implicación en el escándalo del fondo malasio 1MDB, lo que le costó al banco más de 2.900 millones de dólares en sanciones. Asimismo, en el último año, la empresa multinacional de software SAP llegó a un acuerdo de 220 millones de dólares tras acusaciones de soborno en Sudáfrica e Indonesia, mientras Deere & Company pagó cerca de 10 millones de dólares por irregularidades vinculadas con su filial tailandesa.
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La decisión de suspender esta ley ha provocado críticas y advertencias de expertos legales, quienes señalan que podría dar lugar a un aumento de la corrupción en prácticas comerciales internacionales. Karen Woody, profesora de Derecho especializada en regulación financiera, expresó que esta suspensión podría animar a algunas empresas a evadir responsabilidades legales por sobornos. Otros como el abogado Richard Donoghue indicaron que este cambio podría inclinar el enfoque hacia el enjuiciamiento individual de personas directamente involucradas en actos corruptos, en lugar de a las corporaciones.
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Por otro lado, la fiscal general Pamela Bondi, designada recientemente por Trump, ya había dejado entrever una postura más limitada en el alcance de los casos de la FCPA, priorizando crímenes asociados a cárteles de droga y redes criminales internacionales. Inclusive, los fiscales locales podrían comenzar a perseguir casos de forma independiente si el Departamento de Justicia reduce su implicación.
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Durante años, la FCPA ha sido un motivo de debate en círculos legales y financieros. Críticos como el Colegio de Abogados de Nueva York ya habían cuestionado los costosos requerimientos de cumplimiento derivados de esta ley en un informe de 2011. Sin embargo, estudiosos como Mike Koehler han recordado que la normativa ha sido objeto de ajustes graduales por parte del Departamento de Justicia en administraciones previas, reflejando un enfoque más balanceado sobre su aplicación.
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En contraste, otras naciones como el Reino Unido y Alemania cuentan con leyes propias contra la corrupción, lo que, según expertos, podría implicar riesgos legales para las empresas estadounidenses incluso si la FCPA no se aplica vigorosamente. "Esto no significa que las empresas estén libres de responsabilidad por prácticas comerciales turbias en el extranjero", aseguró Karen Woody.
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La suspensión y posible reforma de la FCPA saca a relucir interrogantes sobre el papel regulador de Estados Unidos en la lucha contra la corrupción empresarial, mientras intereses económicos y éticos entran en confrontación directa.