La Comisión Europea ha anunciado que impondrá aranceles de hasta un 38% a los vehículos eléctricos chinos importados, medida que será efectiva a partir de julio. Esta decisión fue tomada como resultado de una investigación en curso sobre la posible venta de productos chinos subvencionados por su gobierno a precios artificialmente bajos en el mercado europeo. Los aranceles tendrán una naturaleza provisional hasta la finalización de las investigaciones en noviembre y podrían convertirse en permanentes por un periodo de cinco años.

Las nuevas tarifas variarán según la cooperación de las empresas chinas con la investigación de la UE. Las compañías que colaboren plenamente enfrentarán aranceles del 21%, mientras que las no cooperadoras estarán sujetas a un aumento del 38%. Esta estrategia busca proteger a los fabricantes de automóviles europeos de competidores que podrían estar recibiendo apoyo estatal, dándoles una ventaja injusta en términos de costo en los mercados exteriores.

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La respuesta de China no se ha hecho esperar. El gobierno chino ha denominado estas medidas como "proteccionistas" y ha advertido que podrían tener repercusiones adversas para los intereses europeos. Las tensiones comerciales podrían afectar a varios sectores industriales, no solo limitándose a la automoción. Productos como suelos de madera, dispositivos médicos, turbinas eólicas y paneles solares también están bajo el escrutinio de la UE.

El impacto de los aranceles ya se ha dejado sentir en el mercado bursátil. Las acciones de fabricantes europeos, como BMW, han experimentado caídas debido al temor de potenciales represalias por parte de China. Se anticipa que esta medida generará incertidumbre en las relaciones comerciales entre la UE y China, con posibles repercusiones en la economía global.