La Corte Constitucional de Colombia ha tomado una decisión que redefinirá cómo se utiliza la inteligencia artificial (IA) en el sistema judicial del país. Este debate se originó a partir de una tutela presentada por una madre que solicitó que su hijo, un menor con autismo, fuera exonerado de pagar las cuotas por sus terapias físicas en su Entidad Promotora de Salud (EPS). La madre expresó que los costos de las terapias y el transporte eran insostenibles, obligándolos a caminar largas distancias, lo cual resultaba complicado debido a la condición del menor.
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El juez que falló a favor de esta madre empleó ChatGPT, una herramienta de IA, para complementar su análisis. Este suceso marcó el primer caso en Colombia donde un juez informó públicamente sobre el uso de IA para tomar decisiones judiciales. El juez realizó consultas a ChatGPT, preguntando si un menor con autismo debía ser exonerado de pagar cuotas moderadoras por sus terapias. Aunque ChatGPT no proporcionó recomendaciones precisas, sus respuestas fueron utilizadas para fundamentar el fallo.
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La resolución de la Corte Constitucional ratificó que el Estado debe cubrir los gastos de transporte del menor y su familia. Sin embargo, este caso ha levantado preocupaciones sobre la regulación de la IA en decisiones judiciales. Tres magistrados subrayaron la necesidad de establecer mecanismos de regulación, reafirmando que la inteligencia artificial no puede reemplazar el razonamiento humano en la judicatura. La Corte destacó la importancia de la transparencia en el uso de la IA, indicando que los jueces deben revelar su utilización y validar la confianza de la información proporcionada por estas herramientas.
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En esta línea, Catalina Moreno, subdirectora de la Fundación Karisma, enfatizó la necesidad de un uso ético de la IA, declarando que "los ciudadanos tienen derecho a ser juzgados por personas competentes." Además, la preocupación por el posible impacto en el debido proceso al incluir respuestas de IA en los fallos fue extensamente discutida por la Corte.
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Este acontecimiento se agrega a otros esfuerzos de Colombia para incorporar la IA en su sistema judicial. Se destaca el uso de PretorIA, una herramienta que clasifica sentencias de tutela. A nivel internacional, países como Argentina y México ya han implementado regulaciones sobre el uso de IA en sus sistemas judiciales, mientras que la UNESCO ha exhortado a las naciones a garantizar que la IA mejore la autonomía y la toma de decisiones humanas.
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La preocupación principal de la Corte es asegurar que el uso de IA fortalezca el proceso judicial sin comprometer la calidad y justicia de las decisiones. La polémica ahora está sobre la mesa, y expertos legales y tecnológicos están llamados a participar en la elaboración de un marco regulatorio que defina el rol de la IA en el ámbito judicial. Lo que queda claro es la necesidad de equilibrar los avances tecnológicos con la ética y los principios fundamentales de la justicia.