En una extensa comparecencia ante el tribunal el 5 de mayo de 2025, el expresidente Álvaro Uribe Vélez defendió su actuación como gobernador de Antioquia y presidente de Colombia, ante las acusaciones de presunta relación con grupos paramilitares y la creación de cooperativas de vigilancia rural conocidas como Convivir.
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Uribe, quien enfrenta un juicio por fraude procesal y soborno a testigos —en el que el congresista Iván Cepeda figura como víctima—, abordó diversos episodios de su vida personal y pública, haciendo especial énfasis en la historia de la hacienda Guacharacas, propiedad de su familia hasta mediados de los años noventa. La finca, señalada por el exparamilitar Pablo Hernán Sierra como un enclave del paramilitarismo, fue descrita por Uribe como un lugar marcado por la violencia desde el asesinato de su padre en 1983 y la posterior quema por parte del ELN en febrero de 1996. El expresidente relató que la finca fue entregada a los trabajadores y vendida años después a la empresa Ganados del Norte, resaltando la pérdida patrimonial de la familia y la ausencia de participación o reuniones suyas en el lugar mientras era objetivo de ataques de grupos armados.
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Sobre las acusaciones que lo vinculan con el Bloque Metro, grupo paramilitar señalado de múltiples crímenes en el nordeste antioqueño, Uribe negó tajantemente cualquier vínculo o intervención en su creación, así como su supuesta relación con los hermanos Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas, señalados en testimonios de ser cofundadores de la organización. Precisó que conoció a Luis Alberto Villegas pero que no sostuvo amistad ni negocios con él, y que, aunque tiene una relación de amistad con Juan Guillermo Villegas, tampoco existieron negocios ganaderos entre ellos. Igualmente, desmintió haber tenido relación con Santiago Gallón Henao —vinculado al narcotráfico y el asesinato de Andrés Escobar— y aclaró que la finca La Manada, otro predio señalado por testigos en procesos judiciales, fue vendida a la sociedad Perspectivas sin conexión alguna con los Villegas.
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Uribe también negó que los hermanos Villegas tuvieran alguna injerencia en la finca Guacharacas durante el periodo de propiedad de su familia. "Ninguna, señor", afirmó al ser cuestionado.
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El expresidente defendió abiertamente la legalidad de las Convivir, insistiendo en que su apoyo se fundaba en la necesidad de colaboración entre la comunidad y la fuerza pública para mejorar la seguridad. Explicó que fue elegido gobernador de Antioquia en octubre de 1994, y que al final de ese año empezó a tratar el tema de las cooperativas. El nombre 'Convivir' surgió posteriormente, tras un decreto de la Superintendencia de Vigilancia. Señaló que, durante su mandato, la Gobernación de Antioquia solo otorgaba la personería jurídica de estas entidades –en el departamento se registraron 69 Convivir de las más de 600 o 700 existentes a nivel nacional– y que el control y vigilancia recaía en el gobierno central. Reconoció que tres o cuatro Convivir en Antioquia perdieron la personería jurídica por decisión de la administración departamental.
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Uribe aseguró que las Convivir no formaron parte de su estrategia de seguridad, pero las consideraba un instrumento legítimo para fortalecer a la fuerza pública a través de la participación ciudadana. Afirmó que, en su gestión, se realizaron más de 90 denuncias ante organismos nacionales e internacionales por crímenes perpetrados tanto por guerrillas como por grupos paramilitares en Antioquia, enfatizando que nunca toleró ni amparó acciones ilegales derivadas de dichas cooperativas.
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La declaración de Uribe busca desmentir los señalamientos hechos por testigos como Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, quienes han indicado la participación de Uribe y otros empresarios en la consolidación del Bloque Metro para combatir al ELN y que posteriormente ejecutaron masacres y asesinatos contra civiles. Durante su intervención, el expresidente insistió en la legalidad de sus actuaciones y rechazó de forma reiterada cualquier vínculo con actividades ilícitas relacionadas con el paramilitarismo, tanto en el ámbito personal como familiar o gubernamental.
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El desarrollo del juicio continuará en los próximos días, mientras la justicia revisa las pruebas y testimonios alrededor del caso que involucra directamente al exmandatario y actual figura central del debate político y judicial en Colombia.