La revelación del uso de madera ilegal durante el proceso de reconstrucción de San Andrés y Providencia, tras el impacto del huracán Iota en noviembre de 2020, ha generado una gran controversia en Colombia. Bajo el gobierno de Iván Duque, investigaciones de El Espectador han demostrado que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres (UNGRD) compró al menos 19,000 listones de madera provenientes de actividades ilegales, específicamente del Clan del Golfo. Esta red criminal ha estado vinculada a la deforestación del Parque Natural de Paramillo, un área protegida de 460,000 hectáreas.

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La madera fue suministrada por la empresa Maderas El Amparo, dirigida por los hermanos Ruby y Germán Villalba Luna. Se les acusa de haber deforestado más de 400 hectáreas de este parque entre 2016 y 2023, obteniendo ganancias superiores a $6,000 millones de pesos por sus operaciones ilegales. El escándalo se intensificó cuando, el 28 de octubre de 2021, la Policía Nacional detuvo un camión con 1,002 listones de madera destinados a la UNGRD, parte de un contrato adjudicado a Maderas El Amparo, que ya había sido previamente capturada por sus actividades ilegales.

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Otras empresas, como Asglobal e Inacon SAS, también participaron en la compra de madera de origen ilícito. Asglobal, liderada por Víctor Marenco Betín, adquirió cerca de 16,000 listones en 2021, alegando desconocer el origen ilícito de la madera, que supuestamente contaba con los permisos legales. Inacon SAS, por su parte, firmó un contrato con la UNGRD para la reconstrucción de viviendas en Providencia, concluyendo las obras en junio de 2022. Ambas compañías han afirmado no tener relación con grupos criminales y aseguran que las obras fueron completadas exitosamente.

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Sin embargo, la investigación ha desvelado una ruta criminal en la que la madera deforestada ilegalmente en el Paramillo llegaba a empresas intermediarias antes de ser utilizada en las obras de reconstrucción. Además de las empresas mencionadas, se ha informado que Maderas El Amparo vendió madera a Colgran SAS, cuya actividad principal es la provisión de kits alimentarios para comunidades vulnerables. Esta empresa no respondió a los intentos de El Espectador para obtener una declaración sobre el tema.

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Las autoridades también están investigando a Ariel Enrique Zambrano Meza, quien fue subdirector de la UNGRD durante el gobierno de Duque y firmó el contrato con Inacon. Aunque inicialmente respondió a los periodistas, posteriormente dejó de hacerlo y enfrenta un juicio disciplinario por su papel en la mala gestión de otra emergencia ambiental en el jarillón Caregato, en La Mojana, Bolívar.

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La dificultad para verificar la legalidad de la madera adquirida por las constructoras es un problema recurrente, ya que los permisos de comercialización pueden ser expedidos de manera corrupta. Esto es especialmente complicado en áreas como el Paramillo, donde la deforestación ilegal está controlada por grupos criminales como el Clan del Golfo.

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En cuanto a los responsables de la deforestación, los hermanos Villalba Luna han sido capturados y enfrentan cargos por concierto para delinquir y explotación ilícita de recursos naturales. La Fiscalía ha recolectado evidencia en su contra, incluyendo interceptaciones de llamadas y registros financieros que sugieren que los hermanos se lucraron con más de $6,000 millones entre 2016 y 2023. Aunque ya habían sido capturados en 2021, lograron una rebaja de pena al colaborar con la justicia, pero fueron arrestados nuevamente en 2023 por continuar con la tala ilegal.

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La madera utilizada en la reconstrucción incluye especies vulnerables y protegidas, como el Cedro y el Abarco. Esta situación ha derivado en un impacto ambiental significativo, afectando la biodiversidad local y contribuyendo al cambio climático. Según el Ideam, entre 2015 y 2022, se perdieron más de 8,400 hectáreas de bosque en el Parque Natural de Paramillo, equivalente a aproximadamente 16,800 canchas de fútbol. Las comunidades indígenas de la región también han sufrido consecuencias negativas debido a este proceso de deforestación.

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Este caso resalta la necesidad de implementar medidas más efectivas para controlar y prevenir la deforestación ilegal y sus repercusiones ambientales y sociales. La colaboración entre las autoridades y las comunidades locales es esencial para proteger estas áreas naturales y garantizar un desarrollo sostenible en el futuro. La Fiscalía planea llevar a juicio a los Villalba Luna el próximo 30 de septiembre, lo que podría marcar un paso importante en la lucha contra la deforestación y la explotación ilegal de recursos naturales en Colombia.