Las políticas migratorias de la administración Trump han incrementado el número de detenciones y deportaciones de inmigrantes venezolanos bajo circunstancias que han despertado gran rechazo por parte de defensores de derechos humanos y abogados. Los hechos más recientes destacan la detención ilegal de venezolanos amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa que protege aproximadamente a 350,000 venezolanos de ser deportados debido a la crisis política y económica en su país de origen.

De acuerdo con denuncias, autoridades federales han arrestado a estas personas ilegalmente en sus hogares, vehículos y durante chequeos rutinarios de inmigración, a pesar de que la ley prohíbe expresamente las detenciones de quienes cuentan con este estatus. Se han reportado casos en varios estados, incluidos Virginia, Nueva York, Texas y Nuevo México. Un ejemplo notorio es el de un hombre sin antecedentes penales, retenido por seis semanas tras acudir a una supervisión obligatoria con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Además, abogados señalan que muchas detenciones fueron justificadas falsamente al etiquetar a los inmigrantes como miembros de la organización criminal Tren de Aragua.

Paralelamente, en un movimiento altamente controvertido, más de 130 venezolanos fueron deportados a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada por el presidente Donald Trump. Esta ley, usualmente vinculada a tiempos de guerra, otorga amplios poderes para deportar no ciudadanos. En un solo día, se deportaron un total de 261 migrantes desde un centro de detención en Texas, 137 de ellos categorizados bajo dicha normativa y el resto conforme a regulaciones migratorias estándares.

Los hombres deportados fueron trasladados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, donde familiares y abogados denunciaron condiciones inhumanas. Varios de ellos afirmaron no poseer antecedentes criminales, tesis respaldada por documentos presentados por sus familiares.

Además de estas detenciones y deportaciones, la administración Trump intentó eliminar el TPS para los venezolanos, sin embargo, un juez federal intervino bloqueando temporalmente esa acción. La medida judicial se fundamentó en el impacto que esta revocación tendría en cientos de miles de personas protegidas. La amenaza de la anulación del TPS persiste, incrementando el clima de incertidumbre y temor entre los beneficiarios.

La situación actual ha generado una ola de críticas por parte de abogados y grupos defensores de derechos humanos, quienes alegan que las tácticas utilizadas no respetan los procesos legales y perjudican a quienes no incurren en actividades ilegales. Con estas medidas, las denuncias de detenciones arbitrarias y condiciones inadecuadas en los centros de detención han mostrado un aumento preocupante.

La Ley de Enemigos Extranjeros, usada en estas deportaciones, data de 1798 y fue originalmente diseñada para tiempos de guerra. Esta es una de las pocas veces en la historia reciente que se invoca en un contexto migratorio.