El 30 de agosto de 2024, Venezuela vivió un apagón que afectó al 80% del país, siendo el más grave desde el de 2019. La interrupción eléctrica generó caos y malestar en gran parte de la población, quien se vio obligada a adoptar medidas de supervivencia como almacenar agua y hielo, y hacer largas colas para combustible y otros suministros básicos. Este suceso ha sido un catalizador para la ya tensa situación política en el país, exacerbada por las recientes acciones del gobierno contra el candidato opositor Edmundo González Urrutia.
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González, quien participó en las elecciones del 28 de julio, ha sido citado tres veces en una semana por la Fiscalía para responder a acusaciones de conspiración y usurpación de funciones. Sin embargo, el candidato se ha negado a comparecer, lo que ha llevado a la Fiscalía a advertir que se podría emitir una orden de captura en su contra si continúa desobedeciendo las citaciones.
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El presidente Nicolás Maduro no tardó en atribuir el apagón a un “ataque criminal” perpetrado por la oposición y el “imperialismo estadounidense”, aunque hasta el momento no ha presentado pruebas concretas que respalden estas afirmaciones. “Solicitamos justicia por este ataque criminal al sistema eléctrico,” reclamó Maduro en un comunicado.
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La última aparición pública de Edmundo González fue el 30 de julio, durante una concentración para exigir la publicación de las actas electorales. Este evento, junto con el apagón, ha intensificado las especulaciones sobre una posible relación entre el corte energético y la crisis política que atraviesa el país. Muchos analistas y miembros de la sociedad civil sugieren que el apagón puede estar vinculado a la persecución judicial del candidato opositor, aumentando así la incertidumbre y el temor en la población.
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En las calles, la situación se tornó crítica con escenas de caos: conductores haciendo uso de las luces de emergencia para poder transitar y ciudadanos enfrentando largas filas para obtener agua potable y alimentos. Estos incidentes trajeron a la memoria el apagón de 2019, que dejó a Venezuela sin luz durante tres días y generó un impacto significativo en la vida diaria de sus ciudadanos.
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Nicolás Maduro declaró que los planes de contingencia del gobierno estaban en marcha y funcionaron, aunque reconoció que muchas áreas se quedaron sin electricidad durante gran parte del día. Este episodio ha llevado a ciudadanos y analistas a cuestionar la infraestructura del sistema eléctrico del país y la capacidad del gobierno para gestionar situaciones de crisis similares en el futuro.
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La población, en su mayoría habituada a este tipo de adversidades, tuvo que recurrir a métodos de supervivencia como almacenar grandes cantidades de agua y hielo, y hacer largas colas para conseguir combustible. La crisis energética no solo ha afectado la calidad de vida de los venezolanos, sino que también ha elevado el tono de la discusión política en un país ya polarizado.
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La tensión política y la incertidumbre sobre el paradero y destino de Edmundo González, junto con la falta de soluciones inmediatas para los problemas energéticos, han dejado a Venezuela en un estado de máxima tensión.