El gobierno venezolano liderado por Nicolás Maduro anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con siete países latinoamericanos, incluyendo Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Esta medida, que incluyó la orden de expulsión del personal diplomático de estos países y su retiro inmediato del territorio venezolano, fue comunicada por el canciller Yván Gil.
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Esta decisión se enmarca en un contexto de rechazo internacional a los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, donde Nicolás Maduro fue declarado ganador con un 51% de los votos, superando al candidato opositor Edmundo González, quien obtuvo un 44%. Varios líderes de la región, entre ellos el presidente argentino Javier Milei, calificaron las elecciones como fraudulentas y desconocieron los resultados.
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Particularmente, Javier Milei ofreció refugio a los venezolanos que deseen abandonar su país, mientras que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, no solo suspendió las relaciones diplomáticas sino que también procedió a retirar a su personal en Caracas, exigiendo una revisión de las actas electorales. En su declaración, Yván Gil acusó a los gobiernos de estos países de seguir directrices de Estados Unidos y de promover ideologías de "fascismo internacional".
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La ruptura de relaciones diplomáticas se percibe como una respuesta del gobierno de Maduro a la presión internacional y a las fuertes críticas por la falta de transparencia en el proceso electoral. Las elecciones han sido objeto de denuncias de irregularidades tanto por parte de la oposición venezolana como de varios gobiernos latinoamericanos.
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Este episodio pone en relieve la tensa situación política en Venezuela y la creciente polarización en la región respecto al gobierno de Maduro y su manejo de los asuntos electorales. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue observando de cerca los acontecimientos en el país, evaluando los pasos a seguir frente a unas elecciones marcadas por la controversia y las acusaciones de fraude.