El 24 de febrero, la paz relativa de la comunidad Wiwa fue abruptamente interrumpida por disparos y explosiones. Este incidente revivió el trauma de los violentos desplazamientos forzados que sufrieron en la década de 2000. En esta ocasión, los combates involucraron a las Fuerzas de Autodefensa de la Sierra (ACS) y al Clan del Golfo, dos grupos armados que operan en la región.
Desde que comenzaron los enfrentamientos, alrededor de 500 miembros de la comunidad Wiwa se vieron obligados a buscar refugio en el centro indígena y el Coliseo de Riohacha. El evento no es un caso aislado; en 2023, aproximadamente 121,000 personas en Colombia han sido víctimas de desplazamiento forzado, a pesar de los esfuerzos de paz como la desmovilización de grupos paramilitares en 2006 y el tratado de paz con las FARC en 2016.
Las condiciones en su nuevo entorno son precarias. Las altas temperaturas y el cambio en la dieta han llevado a enfermedades entre los desplazados. Además, la cercanía a la sociedad moderna representa una amenaza para las tradiciones y la lengua de la comunidad Wiwa. La situación en el refugio es insostenible, y aunque han hecho llamados a las autoridades para reubicar a las comunidades desplazadas, aún no se han tomado medidas concretas.