La industria espacial privada atraviesa una etapa de crecimiento exponencial, acompañada de importantes logros y retos. Firefly Aerospace marcó un hito en la exploración espacial comercial al lograr que su nave Blue Ghost Mission 1 realizara un aterrizaje exitoso en la Luna, convirtiéndose en la primera nave de propiedad completamente privada en alcanzar este logro. Contrariamente, SpaceX, la empresa de Elon Musk, enfrentó múltiples explosiones de sus cohetes Starship a inicios de 2025, destacando el margen de riesgo inherente en estas iniciativas.

Actualmente, las actividades espaciales están reguladas por tratados como el Tratado del Espacio Exterior de 1967, la Convención sobre la Responsabilidad de 1972 y el Acuerdo sobre la Luna de 1979. No obstante, dichos acuerdos fueron diseñados en el contexto de la Guerra Fría y están dirigidos principalmente a los estados, sin prever la creciente participación de empresas privadas en el ecosistema espacial. Este vacío legal limita la capacidad de abordar conflictos en los que dichas compañías están involucradas, como daños causados por sus naves. Según la Convención de 1972, toda reclamación debe ser dirigida exclusivamente contra el estado responsable del lanzamiento.

En términos de gestión y operación, la mayoría de los más de 11,000 satélites activos en órbita pertenecen a empresas privadas, lo que resalta su protagonismo. Agencias espaciales como NASA y la ESA dependen de asociaciones público-privadas para disminuir costos operativos. Esto se traduce en una financiación considerable, como los $22.6 mil millones asegurados por SpaceX por parte del gobierno estadounidense.

El problema del tráfico espacial y los desechos también genera inquietud. El Tratado del Espacio Exterior obliga a los países a evitar la contaminación espacial, pero no menciona medidas específicas para gestionar los desechos acumulados. Además, el riesgo de colisiones involucra tanto a satélites como a naves y restos espaciales, sin un sistema global que evalúe y minimice estos incidentes. Si bien algunos operadores de satélites contratan seguros, el alto costo de las pólizas deja a la mayoría de los dispositivos no asegurados.

Otro punto problemático es la incertidumbre respecto a la propiedad de los recursos espaciales. Los "Artemis Accords", iniciativa liderada por Estados Unidos desde 2020 y firmada por 53 países, buscan establecer derechos de propiedad privada sobre estos recursos. Sin embargo, esta postura contrasta con el Acuerdo sobre la Luna de 1979, firmado por solo 17 naciones, que aboga por una gestión internacional de los mismos.

Ante este panorama, expertos resaltan la urgencia de actualizar la legislación espacial y desarrollar un marco regulador inclusivo que contemple la creciente actividad comercial, así como los riesgos y la sostenibilidad a largo plazo de estas operaciones. Sin estas actualizaciones, los avances en la exploración podrían conducir a un entorno descontrolado y competitivo que perjudique los intereses comunes.

El primer tratado espacial, el Tratado del Espacio Exterior de 1967, prohíbe reclamar soberanía nacional sobre cualquier cuerpo celeste, sin prever el impacto de las empresas privadas en un ámbito entonces reservado casi exclusivamente a los estados.