La actual administración del presidente Donald Trump ha implementado una nueva medida que ha generado significativo debate. Más de 6,300 inmigrantes han sido clasificados como fallecidos, lo que se traduce en la cancelación de sus números de Seguro Social. Este movimiento se ha realizado mediante su inclusión en el "archivo maestro de defunciones", una base de datos diseñada para registrar a personas fallecidas. La decisión forma parte de una estrategia más amplia para reducir la cantidad de inmigrantes en los Estados Unidos a través de restricciones legales y administrativas.

El impacto de esta decisión es inmediato y profundo, ya que los afectados quedan incapacitados para realizar actividades esenciales como trabajar, acceder legalmente a servicios bancarios y obtener beneficios federales. La política está dirigida principalmente contra inmigrantes que ingresaron al país bajo programas temporales que la administración Trump considera irregulares. Específicamente, ello incluye a quienes utilizaron la aplicación CBP One, una herramienta tecnológica que permitió a más de 900,000 inmigrantes residir temporalmente en el país con documentación y autorización de trabajo.

La portavoz de la Casa Blanca, Elizabeth Huston, justificó la medida declarando que pretende motivar la "autodeportación" al eliminar cualquier posible incentivo económico para permanecer en Estados Unidos de manera ilegal. Adicionalmente, se estima que esta medida podría expandirse y afectar a otros 92,000 inmigrantes indocumentados con antecedentes penales. Según expertos, el sistema empleado también plantea riesgos de errores administrativos que podrían repercutir en ciudadanos estadounidenses.

En el ámbito legal, un juez federal ha ordenado una pausa temporal en la deportación de cientos de miles de inmigrantes con estatus temporal, incluidos cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Mientras tanto, expertos en derecho argumentan que la práctica de utilizar la base de datos de defunciones para fines de inmigración es inédita y posiblemente ilegal, además de una vulneración de las leyes de privacidad y manejo de datos.

Para reforzar esta estrategia, la administración ha permitido que el Departamento del Tesoro comparta información fiscal de inmigrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una medida destinada a facilitar procesos de identificación y deportación. Esta coordinación entre agencias ha alarmado a defensores de derechos humanos y grupos de apoyo a inmigrantes, quienes señalan un abuso en la aplicación de la ley y una falta de sensibilidad hacia poblaciones vulnerables.

La acción también ha sido definida como parte de un esfuerzo más amplio del gobierno federal para desmantelar programas migratorios establecidos por administraciones anteriores. Tanto expertos como activistas han expresado que estas acciones no solo complican la vida diaria de los afectados, sino que también exacerban tensiones sociales y cultivan un clima de incertidumbre.

Con este enfoque, la administración Trump continúa en su línea de políticas migratorias restrictivas, que ya ha recibido críticas internacionales. Hasta ahora, organizaciones defensoras están evaluando los pasos necesarios para combatir estas medidas, tanto en jurisdicciones legales como en el ámbito público.

A diferencia de otras administraciones, esta es la primera vez que el archivo maestro de defunciones ha sido usado como herramienta en políticas migratorias, una práctica que no estaba contemplada en los propósitos originales de esta base de datos federal.