En la noche del pasado jueves, el estadio Atanasio Girardot de Medellín fue escenario de una violenta confrontación durante el partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, que dejó al menos 25 heridos y un clima de descontrol que ha desatado la indignación de la ciudadanía. A pesar de las imágenes escalofriantes de la brutalidad que se multiplicaron en redes sociales, las autoridades locales, encabezadas por el alcalde Federico Gutiérrez, han eludido su responsabilidad al afirmar que el evento es “privado” y que la seguridad recae en los organizadores.

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El caos estalló tras el segundo gol de Atlético Nacional, cuando los hinchas del Junior, frustrados ante la inminente derrota, comenzaron a hostigar a los seguidores rivales. En un instante, la rivalidad se tornó en violencia extrema; los videos muestran a personas siendo lanzadas desde las tribunas, así como apuñalamientos y golpes que dejaron a varias víctimas con el torso desnudo. El árbitro no tuvo otra opción que suspender el encuentro.

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La reacción de las autoridades ha sido lamentable. Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, se lavó las manos al afirmar que el partido era un evento privado, sugiriendo que la responsabilidad recaía en el organizador que alquiló el estadio. Esta afirmación no solo resulta irresponsable, sino que también contrasta con la postura de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), que insistió en que la Policía tiene una “obligación constitucional” de garantizar la seguridad en estos encuentros, independientemente de su estatus privado. La falta de claridad en la asignación de responsabilidades genera un ambiente propicio para la impunidad y la repetición de estos trágicos eventos.

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El alcalde Gutiérrez, por su parte, se limitó a calificar a los involucrados en los actos violentos como “delincuentes” y pidió a la comunidad ayudar a identificarlos, sin abordar las deficiencias estructurales que permitieron que esta violencia se desarrollara en primer lugar. Las imágenes de violencia y descontrol, que horrorizan a la nación, no pueden ser simplemente atribuídas a la “irracionalidad” de los hinchas, como afirman algunos comentaristas. Es esencial cuestionar por qué las autoridades permiten que estos eventos se desarrollen sin el control necesario.

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Los expertos en sociología y politología, como Sarah Castro y Juan Sebastián Gómez, señalan que la falta de una inversión seria en programas de prevención y convivencia a largo plazo solo perpetúa el ciclo de violencia. La Dimayor, mientras organiza “eventos privados” en escenarios públicos, se niega a asumir su parte en la responsabilidad y, a su vez, los recursos para prevenir la violencia continúan siendo insuficientes. La implementación de planes propuestos en el pasado, como el Plan Decenal de Fútbol, sigue siendo una promesa incumplida.

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Este ciclo de violencia, que estalla con cada partido y deja a su paso heridos y traumas, refleja una realidad social más profunda. La frustración que canalizan los hinchas a través de la violencia no solo se limita al deporte; es un síntoma de problemas más amplios que necesitan ser abordados de manera integral. Mientras tanto, el alcalde Gutiérrez y su administración deben ser cuestionados por su inacción y falta de liderazgo frente a una crisis que requiere atención urgente.