La designación de Alternativa para Alemania (AfD) como organización de extrema derecha por la Oficina Federal de Protección de la Constitución se basa en los resultados de una investigación iniciada en 2022 y que culminó con la publicación de un informe de más de 1,000 páginas. El estudio concluye que la AfD representa una amenaza para el orden democrático alemán, principalmente por sus postulados relacionados con inmigrantes y musulmanes, considerados incompatibles con los principios democráticos fundamentales.
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Con 152 escaños en el Bundestag y un respaldo de 10.3 millones de votos en las elecciones de febrero de 2025 (equivalente al 20.8% del electorado), la AfD es actualmente la mayor fuerza de oposición en el parlamento federal. Alrededor de 51,000 personas integran sus filas, desde su fundación en 2013.
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La nueva clasificación autoriza a las autoridades a utilizar informantes, grabaciones de audio y video, y otras herramientas para vigilar al partido en todo el país, extendiendo una vigilancia que desde mayo de 2024 solo abarcaba las secciones de Turingia, Sajonia y Sajonia-Anhalt, previamente consideradas “extremistas de derecha”. Hasta este año, el partido en su conjunto era evaluado como un caso sospechoso de extremismo.
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El informe de la Oficina Federal subraya que la ideología de la AfD se apoya en una concepción étnica del pueblo alemán, y señala que el partido no reconoce como iguales a ciudadanos alemanes con ascendencia de países predominantemente musulmanes. Estas posiciones, indican, violan la dignidad humana e implican la exclusión de ciertos grupos de la vida social.
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Como consecuencia de esta designación, la AfD enfrenta la posibilidad de restricciones en la cooperación con otros partidos, reducción del acceso a financiamiento público y la reactivación de debates sobre una eventual prohibición del partido. La vigilancia intensificada se suma a la inestabilidad y presión política que enfrenta la formación.
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El 5 de mayo de 2025, la AfD interpuso una demanda ante el Tribunal Administrativo de Colonia contra la clasificación emitida por la Oficina Federal. Sus líderes, Alice Weidel y Tino Chrupalla, consideraron la medida como un “golpe grave contra la democracia federal alemana” y alegan motivaciones políticas tras la decisión, al tiempo que aseguran que agotarán todos los recursos legales a su alcance.
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Por su parte, la ministra del Interior, Nancy Faeser, defendió la resolución al calificarla de “clara y sin ambigüedades”, producto de una auditoría exhaustiva y neutral. Faeser enfatizó que la designación no implica la prohibición inmediata del partido, procedimiento que sólo puede solicitarse a través de una petición formal en el Bundestag o el Bundesrat, quedando la decisión definitiva en manos del Tribunal Constitucional.
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La decisión provocó un renovado debate entre las fuerzas políticas sobre la viabilidad y las consecuencias de una eventual ilegalización de la AfD. Diversos dirigentes, incluido el excanciller Olaf Scholz, advirtieron contra tomar decisiones precipitadas. A pesar de la intensificación de sus posturas antiinmigración en los últimos años, el apoyo a la AfD no ha decrecido, y recientes encuestas sugieren que el partido sería el más votado si se celebraran elecciones en el presente.
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La situación actual coloca a la AfD bajo un escrutinio sin precedentes desde su creación, mientras el escenario político alemán enfrenta una creciente polarización y un intenso debate sobre los límites de la democracia y la legalidad en el país.