La Agencia de Protección Ambiental (EPA), dirigida por Lee Zeldin bajo la administración de Donald Trump, anunció la eliminación de sus oficinas de justicia ambiental, según un memorando interno al cual tuvo acceso *The New York Times*. Esta decisión implica la clausura de las oficinas en las 10 sedes regionales de la agencia, así como en su oficina central en Washington, D.C.

Las oficinas de justicia ambiental, creadas hace tres décadas, tenían como objetivo mitigar las condiciones de contaminación desproporcionada sufrida por comunidades de bajos ingresos y minoritarias. Estas comunidades, frecuentemente ubicadas cerca de carreteras, plantas industriales y otras fuentes de contaminación, enfrentan tasas más altas de padecimientos como asma y enfermedades cardíacas en comparación con otros sectores de la población. Estudios recientes realizados por la misma EPA han confirmado que los afroamericanos están expuestos a niveles más altos de contaminación atmosférica que otros grupos demográficos, independientemente de su nivel de ingresos.

La administración describe esta acción como una "reorganización" y parte de los esfuerzos para eliminar el "gasto innecesario". Molly Vaseliou, portavoz de la EPA, justificó la medida como una respuesta alineada con las órdenes de Donald Trump de poner fin a programas enfocados en diversidad, equidad e inclusión. En una declaración, Zeldin sostuvo que el concepto de justicia ambiental promueve una "discriminación forzada" al incorporar elementos de decisión basados en raza o ingresos.

A raíz de esta decisión, sectores críticos, entre los que destacan 17 legisladores encabezados por los senadores Tammy Duckworth y Cory Booker, han condenado el cierre de las oficinas. En una carta dirigida a Zeldin, señalaron que estas comunidades no solo han sido históricamente expuestas a condiciones de contaminación extrema, sino que muchas veces fueron seleccionadas deliberadamente para instalar actividades contaminantes. Además, la carta resalta que en varias partes del país, las comunidades aún carecen de acceso a agua potable y alcantarillado seguros.

Recientemente, se reportaron decisiones adicionales que impactan directamente las labores de justicia ambiental. Esta semana, Zeldin canceló cientos de subvenciones, muchas de ellas destinadas a programas similares, y suspendió sin causa justificada a 168 empleados que trabajaban en este campo. Aunque un juez federal ordenó la restitución de algunos de estos empleados, fuentes internas indicaron que nuevos despidos podrían estar en camino debido a próximos recortes.

Esta acción sigue a la decisión conjunta entre la EPA y el Departamento de Justicia de retirar una demanda interpuesta contra una planta petroquímica en Luisiana, conocida por el alto riesgo de cáncer que representa para una comunidad mayoritariamente negra. Esta demanda, impulsada durante la administración de Joe Biden, formaba parte de una estrategia más amplia para combatir la contaminación en la región conocida como el "Callejón del Cáncer".

El movimiento por la justicia ambiental, nacido en la década de 1980, logró efectos significativos, como evitar que el condado predominantemente negro de Warren en Carolina del Norte fuera utilizado como vertedero de PCB, un conocido carcinógeno. Desde entonces, importantes estudios han relacionado consistentemente la proximidad de estas comunidades a instalaciones contaminantes con una mayor incidencia de graves problemas de salud. La administración de Biden, por ejemplo, ordenó que al menos el 40 % de los beneficios de programas ambientales fueran destinados específicamente a estas comunidades.

Con la decisión de cerrar estas oficinas, muchos temen el retroceso de esfuerzos para abordar la desigualdad ambiental histórica en Estados Unidos. Según Matthew Tejada, exfuncionario de la EPA, esta decisión es un paso gigante hacia atrás en la protección de los ciudadanos más vulnerables del país. “Nos hace más enfermos, más pequeños y más feos de lo que hemos sido en al menos una generación”, afirmó.

El "Callejón del Cáncer", un corredor industrial a lo largo del río Misisipi en Luisiana, alberga algunas de las tasas más altas de cáncer en el país debido a décadas de contaminación química en comunidades de bajos ingresos.