El Perú se encuentra en un punto crítico de su historia ambiental tras la modificación de la Ley Forestal 29763, vigente desde 2015, que ha despertado el temor de un aumento descontrolado en la tasa de deforestación en la Amazonía. Según informes, esta reforma legal, aprobada en diciembre de 2022, simplifica la clasificación de tierras para usos agropecuarios, debilitando las salvaguardas contra la deforestación ilegal. Con 144,683 hectáreas de bosque perdidas solo en 2022, según datos del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina, la urgencia por acciones correctivas es evidente.
El gobierno, bajo la administración de Dina Boluarte, se enfrenta a presiones internacionales y locales para revisar y potencialmente derogar esta legislación controversial. Activistas y comunidades indígenas destacan que la ley promueve un "borrón y cuenta nueva" para aquellos que previamente han incurrido en deforestación ilegal, enviando un peligroso mensaje de impunidad.
Además de las implicaciones ambientales, la modificación legislativa ha sido criticada por su posible efecto negativo en los derechos y tierras de los pueblos indígenas. Julio Cusurichi, líder de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), enfatiza la falta de consulta previa con estas comunidades, un requisito según el Convenio 169 de la OIT, subrayando la desconexión entre las políticas gubernamentales y las necesidades de los pueblos originarios.
La comunidad internacional, incluyendo representantes de la ONU, ha expresado preocupación por los efectos adversos de la ley sobre los territorios ancestrales de los pueblos indígenas en la Amazonía peruana, especialmente aquellos en aislamiento voluntario. La situación subraya la importancia de la Amazonía no solo como reserva de biodiversidad, sino también como hogar de culturas milenarias y crítico sumidero de carbono en la lucha contra el cambio climático.