El 16 de abril de 2025, la Corte Suprema del Reino Unido emitió una decisión unánime que establece que la definición de "mujer" en la Ley de Igualdad de 2010 corresponde únicamente a mujeres biológicas. Este pronunciamiento surge del caso impulsado por el grupo activista For Women Scotland, que desde 2018 instó a que la protección legal contemplada en dicha ley quedara reservada a personas nacidas biológicamente mujeres.

En su resolución, el tribunal determinó que los conceptos de "mujer" y "sexo" en el texto legal no abarcan a las mujeres trans con un Certificado de Reconocimiento de Género, por lo que dichas personas quedan legalmente excluidas de la definición de "mujer" para los efectos de la Ley de Igualdad. La Corte aclaró que admitir el GRC como elemento definitorio sería incoherente y dificultaría la correcta aplicación de la normativa.

La controversia legal se originó tras la aprobación, en 2018, de una ley escocesa que ordenaba que al menos el 50% de los miembros en los órganos directivos de entidades públicas fuesen mujeres, sumando en el conteo a las mujeres trans con GRC. No obstante, la Corte Suprema negó que el certificado habilite a las mujeres trans a ser reconocidas como mujeres en el contexto de la Ley de Igualdad.

La decisión, según el juez Lord Hodge, presidente adjunto de la Corte, debería interpretarse únicamente como una aclaración legal, reiterando que las personas trans continúan amparadas por protecciones contra la discriminación y el acoso bajo la ley vigente.

La reacción de For Women Scotland fue de satisfacción, proclamando el fallo un triunfo para los derechos de las mujeres biológicas. Del lado gubernamental, un portavoz del Reino Unido enfatizó que la decisión brinda "claridad y confianza" tanto a las mujeres como a los proveedores de servicios, preservando la protección de los espacios exclusivos por sexo. El Primer Ministro escocés, John Swinney, manifestó la aceptación del fallo y la intención de evaluar sus repercusiones.

Activistas de organizaciones como Scottish Trans lamentaron la decisión y advirtieron sobre el posible debilitamiento de protecciones legales que han existido durante los últimos 20 años para las personas trans, especialmente respecto al acceso a servicios y espacios exclusivos para mujeres, como vestuarios, refugios y atención médica especializada.

La decisión de la Corte Suprema influye directamente en la interpretación legal de políticas públicas, el acceso a espacios reservados y la manera en que organismos y entidades deben cumplir la normativa de igualdad, en medio de un contexto de intenso debate en el Reino Unido y otros países sobre los derechos de las personas trans y la definición legal de género.