El 8 de junio de 2025, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ordenó el despliegue de 2,000 soldados de la Guardia Nacional en Los Ángeles luego de dos jornadas de intensas protestas contra operativos migratorios ejecutados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El despliegue se concentró en el exterior del edificio Edward Roybal, donde se ubica un centro de detención migratoria.
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Las movilizaciones de protesta comenzaron tras redadas ocurridas el viernes anterior, en las que fueron detenidos casi 50 migrantes, la mayoría de nacionalidad mexicana, en distintos puntos de la ciudad, destacando una tienda Home Depot en Paramount. El ambiente se tornó tenso cuando más de 1,000 manifestantes se congregaron frente al centro de detención, motivando a la policía de Los Ángeles a declarar la reunión como “asamblea ilegal” y a autorizar el uso de “municiones menos letales”.
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Durante los enfrentamientos, la policía empleó gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los participantes, quienes respondieron lanzando objetos y levantando barricadas. La administración Trump reportó que, a nivel nacional, ICE registra la detención de aproximadamente 2,000 indocumentados diarios. Solo en Los Ángeles, se confirmaron 118 arrestos durante la semana en que se llevaron a cabo las protestas.
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El gobernador de California, Gavin Newsom, criticó abiertamente la decisión de movilizar tropas federales, asegurando que la intervención aumenta innecesariamente la tensión y que la policía local estaba manejando la situación. Newsom también cuestionó la legalidad de este despliegue sin haberlo solicitado y advirtió sobre posibles desafíos legales por parte de autoridades estatales.
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La Casa Blanca argumentó que la medida era necesaria para “liberar a Los Ángeles de la invasión de migrantes” y controlar la violencia que, según Trump, amenaza con desbordarse. El presidente tomó la decisión bajo la autoridad del Título 10, federalizando así a la Guardia Nacional, sin invocar la Ley de Insurrección.
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Varios líderes demócratas manifestaron su rechazo a la movilización, calificándola de maniobra para desviar la atención de críticas a la gestión presidencial e incrementar la tensión social. El aumento de la presencia militar en la ciudad, producto de los enfrentamientos y la respuesta federal, mantiene vigente el debate sobre el uso de la fuerza estatal y los derechos de manifestantes en contextos de protestas multitudinarias y operativos migratorios.