La administración del presidente Donald Trump ha presentado una nueva propuesta legislativa denominada “One Big, Beautiful Bill”, que busca imponer un impuesto federal adicional del 3,5% a todas las remesas enviadas desde Estados Unidos hacia el extranjero, lo que sumado a los cargos actuales elevan los costos aproximados a casi el 10% del monto remitido. De aprobarse en el Senado, esta iniciativa convertiría a Estados Unidos en el país más caro del Grupo de los 7 para el envío de dinero internacional.
‍

‍
La propuesta, que forma parte de una serie de cambios en la política exterior y migratoria del gobierno, se suma a severos recortes previos en la ayuda internacional, el desmantelamiento de la Agencia para el Desarrollo Internacional y la imposición de nuevos aranceles tras décadas de acuerdos comerciales preferenciales con África. En la práctica, millones de familias en todo el mundo, principalmente en África y América Latina, serían impactadas directamente, pues dependen del dinero enviado por familiares que trabajan en Estados Unidos.
‍

‍
En el caso africano, las remesas representan una línea de vida crítica. En 2024, África subsahariana recibió cerca de 10.000 millones de dólares en remesas procedentes de Estados Unidos, cantidad casi equivalente a los 12.000 millones de dólares anuales en asistencia extranjera que este continente recibía antes del inicio de la administración Trump. Dentro de este flujo, Nigeria se sitúa como el país que sufriría la mayor pérdida absoluta, estimada en unos 215 millones de dólares anuales si se aprueba el nuevo impuesto. Gambia y Liberia, por su parte, perderían el 25% de su ingreso nacional bruto derivado de remesas, siendo este uno de los porcentajes más altos del mundo, mientras que Senegal, según el Banco Mundial, está entre las naciones de mayor dependencia de estos envíos.
‍

‍
El impacto en América Latina tampoco sería menor: los países de la región verían mermados sus ingresos por remesas en varios miles de millones de dólares, un golpe que, para muchas familias, supone la diferencia entre la subsistencia y la pobreza extrema.
‍

‍
Actualmente, los inmigrantes que remiten dinero desde Estados Unidos ya pagan impuestos federales sobre la renta y comisiones que rondan el 6% a entidades bancarias y casas remesadoras. Con el nuevo gravamen propuesto, el cargo total ascendería virtualmente a 10 dólares por cada 100 enviados. El Banco Mundial señala que los africanos ya enfrentan los costos más altos del mundo para transferencias internacionales, y Naciones Unidas ha establecido como objetivo que las comisiones bajen a menos del 3% para 2030, cuando actualmente el promedio global duplica esa cifra.
‍

‍
Este endurecimiento legislativo responde, según la administración, a la intención de desalentar la migración y favorecer la “autodeportación” de quienes actualmente residen en territorio estadounidense. Sin embargo, voces críticas advierten que la medida podría empujar a muchas personas a recurrir a vías informales o a las criptomonedas para enviar ayuda económica a sus familiares, derivando en menores controles y mayor riesgo de fraude o inseguridad.
‍

‍
Analistas alertan que el coste añadido de las remesas podría empobrecer aún más a millones, profundizar el hambre, fomentar la migración irregular y frenar el desarrollo de economías africanas ya gravemente afectadas por décadas de deuda y recortes de ayuda.
‍

‍
Algunos testimonios ilustran las consecuencias directas en la vida diaria. Helena Saykiamien, viuda de 75 años residente en un barrio pobre de Monrovia, compró en 2023 un refrigerador con los 500 dólares que su hija le envió desde Delaware. Gracias a esa remesa, obtiene pequeños ingresos vendiendo agua fría y cubriendo necesidades básicas de su familia. Sin embargo, el nuevo impuesto previsto amenaza con dificultar este sustento esencial.
‍

‍
El proyecto de ley sigue avanzado en el proceso legislativo estadounidense, y ha generado un amplio debate internacional sobre las responsabilidades de los países emisores en el flujo de recursos hacia las naciones más vulnerables; mientras tanto, millones de familias aguardan los resultados de esta discusión en medio de crecientes desafíos económicos.