La crisis ambiental y social en la Ciénaga Grande de Santa Marta se ha profundizado durante las últimas décadas. Este humedal, que abarca 428,000 hectáreas y fue declarado reserva de la biosfera por la UNESCO en 2000, integra lagunas, manglares y extensos pantanos. Sin embargo, hoy enfrenta una severa disminución de recursos pesqueros, altos niveles de contaminación y una estructura de gestión incapaz de preservar su equilibrio ecológico.
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La pesca, fuente principal de subsistencia para las más de 2,500 personas que habitan comunidades palafíticas como Nueva Venecia y Buenavista, ha colapsado. El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar) reportó que entre enero y septiembre de 2024 la captura total de peces fue de solo 4,721 toneladas. En 1994, esa cifra alcanzaba las 9,269 toneladas, mientras que en la mitad del siglo XX era de 60,000 toneladas anuales. Esta reducción, que supera el 90% respecto a los máximos históricos, pone en riesgo la sostenibilidad alimentaria y económica de la zona.
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La mayor parte de los habitantes depende del agua del río Magdalena, pero este recurso está contaminado con metales pesados y residuos industriales. Se han detectado trazas de mercurio en peces y las enfermedades estomacales, principalmente en la población infantil, son frecuentes, agravadas por las precarias condiciones sanitarias. Solo dos viviendas en Nueva Venecia cuentan con letrinas; el resto de las aguas residuales domésticas se descarga sin tratamiento en la propia Ciénaga, intensificando la contaminación.
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El entorno natural de la Ciénaga también se ha visto alterado por el cambio climático. Las precipitaciones, que antes se distribuían a lo largo de cinco meses, ahora pueden concentrarse en uno solo, generando cambios bruscos en los caudales y el balance hídrico. Además, la construcción de dos carreteras en el delta durante el siglo XX interrumpió la conexión entre la Ciénaga, el mar Caribe y el río Magdalena, contribuyendo a la salinización de los manglares y a la fragmentación del ecosistema.
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En materia de gestión ambiental, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) ha sido blanco de críticas por su falta de acciones efectivas. Un fallo reciente del tribunal administrativo del Magdalena ordenó desbloquear el río Aracataca, desviado ilegalmente para el riego agrícola, con el objetivo de restablecer el flujo de agua dulce necesario para recuperar el humedal.
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La situación económica de la población es precaria. El cierre del ciclo pesquero y la contaminación han acentuado la pobreza. Muchos residentes, como Andrea Niebles Mejía, carecen de recursos para costear necesidades básicas como la educación, cuyo valor mensual puede alcanzar 200,000 pesos colombianos (aproximadamente 35 libras esterlinas al mes).
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A estos problemas se suma la gestión ineficaz de los residuos sólidos. La acumulación de plásticos y otros desechos en la Ciénaga intensifica el daño ambiental, y pese a las solicitudes de apoyo al Estado, la respuesta ha sido insuficiente. El deterioro del humedal amenaza directamente la biodiversidad regional y debilita la capacidad de mitigación frente al cambio climático en el Caribe colombiano.