El fallecimiento del Papa Francisco el 21 de abril de 2025 y la consiguiente convocatoria del cónclave para la elección del próximo pontífice, prevista entre el 6 y el 11 de mayo, ha desencadenado el primer gran conflicto interno de la asamblea de cardenales. El foco de la disputa recae sobre Angelo Becciu, quien fue destituido por el propio Francisco en 2020 tras verse implicado en un escándalo de fraude financiero.
Becciu, de 76 años, fue condenado en 2023 a cinco años y medio de prisión por fraude fiscal en un proceso sin precedentes en la historia judicial del Vaticano. La causa judicial se originó en la polémica adquisición de un edificio de lujo en Londres, transacción que generó un perjuicio económico de 139 millones de euros para las arcas vaticanas. Pese a su condena y al despojo de sus derechos cardenalicios, Becciu sostiene que no existe impedimento explícito para su participación en el cónclave, especialmente después de haber sido convocado al último consistorio por Francisco.
En la lista oficial actualizada de cardenales electores figuran 135 prelados menores de 80 años con derecho a voto. Sin embargo, Becciu no aparece incluido, a pesar de cumplir los requisitos de edad y rango. La determinación definitiva sobre su posible ingreso y participación en la elección papal recae en el decano del colegio cardenalicio, Giovanni Battista Re.
Durante su papado, Francisco adoptó medidas disciplinarias inéditas respecto a la actuación de cardenales involucrados en irregularidades y situaciones controvertidas. Además de la exclusión de Becciu, el Papa tomó decisiones similares de manera reservada en otros casos, como el del cardenal peruano Juan Luis Cipriani, quien fue obligado a retirarse en 2019 tras enfrentar acusaciones de abuso de menores.
Becciu, mientras continúa defendiendo su inocencia y ha presentado recurso contra la sentencia, argumenta que las acciones recientes del Papa no evidencian una prohibición definitiva para que ejerza sus derechos como cardenal elector. Su presencia en la asamblea de cardenales, pese a la ausencia en la lista oficial, ha añadido un elemento de tensión al inicio del proceso sucesorio en la Iglesia Católica.
El periodo de duelo establecido tras el fallecimiento del Papa es de 15 a 20 días, al término del cual el cónclave dará inicio formalmente. El caso de Becciu sienta un precedente en la regulación de la participación de prelados sancionados y pone de manifiesto los desafíos organizativos y legales a los que se enfrenta la Iglesia en el proceso de sucesión pontificia.