El 24 de abril de 2025, la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia, por una votación de 5 contra 4, resolvió suspender de manera provisional el proceso que adelantaba el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña para las elecciones de 2022. La medida responde a una tutela interpuesta por el mandatario, quien argumentó que el CNE carece de competencia para investigar su campaña electoral y que esta función corresponde exclusivamente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
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El magistrado ponente del caso fue Vladimir Fernández, quien anteriormente se desempeñó como secretario jurídico de la Presidencia durante el gobierno de Petro. La decisión incluyó la suspensión de los términos de prescripción de la investigación mientras dure el congelamiento del proceso, evitando de esta manera que los plazos legales para resolver el caso sigan corriendo.
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El proceso había sido abierto por el CNE tras identificar múltiples omisiones en el reporte de recursos durante la campaña presidencial de 2022. Entre las irregularidades señaladas en la primera vuelta electoral figuran 500 millones de pesos aportados por Fecode, 379 millones de la Unión Sindical Obrera (USO), 500 millones de un préstamo otorgado por el Polo Democrático Alternativo, 921 millones en pagos a testigos electorales, 356 millones en gastos de propaganda y 500 millones adicionales al movimiento Colombia Humana.
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En la segunda vuelta, las investigaciones se centraron en 100 millones de pesos utilizados para el alquiler del Movistar Arena, 177 millones para pagos a testigos electorales, 926 millones destinados a transporte aéreo, 530 millones a Colombia Humana y una vez más, 379 millones de la USO como aporte adicional.
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La suma de todas las irregularidades reportadas por el CNE durante ambas vueltas alcanza los 5,355 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 1.2 millones de dólares.
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Tras la notificación pública del fallo, Gustavo Petro manifestó a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) que la decisión constituye —en sus palabras— "un freno a un golpe de Estado", y reiteró que la investigación iniciada por el CNE atentaba contra las garantías del debido proceso al no respetar la jurisdicción de la Comisión de Acusaciones frente a un presidente en ejercicio.
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La suspensión decretada por la Corte tiene carácter provisional y se limita solamente al proceso contra Gustavo Petro. Las investigaciones sobre otros integrantes de su campaña, incluido el gerente Ricardo Roa, continuarán avanzando conforme los plazos legales establecidos. La causa permanece en una fase determinante debido a los términos ajustados para evitar la prescripción, lo que mantiene bajo observación el desarrollo futuro del caso en las instancias correspondientes.