El 31 de diciembre de 2024, un tribunal en Corea del Sur emitió una orden de arresto contra el presidente destituido Yoon Suk Yeol, en lo que se ha convertido en un suceso sin precedentes en la historia política del país. La orden fue emitida en respuesta a graves acusaciones de abuso de poder e incitación a la insurrección luego de que Yoon intentara imponer la ley marcial el pasado 3 de diciembre de 2024.
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La orden de arresto tiene vigencia hasta el 6 de enero de 2025 y abarca cargos que podrían implicar cadena perpetua o hasta la pena de muerte. La solicitud de arresto se produjo después de que Yoon ignorara tres citaciones para comparecer ante los investigadores, lo que agravó su situación legal.
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El contexto político se tensó aún más cuando el 14 de diciembre de 2024, el parlamento, controlado por la oposición, votó a favor de destituir a Yoon como consecuencia de su intento fallido de declarar la ley marcial. Esta declaración solo duró seis horas antes de ser revocada por el parlamento, sin embargo, el breve período desencadenó una crisis política significativa. Durante este tiempo, cientos de tropas y policías fueron desplegados en la Asamblea Nacional, exacerbando las tensiones.
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Tras su destitución, la situación se ha visto complicada por las investigaciones lideradas por la Oficina de Investigación de Corrupción para Altos Funcionarios, que ha llevado a cabo registros en las oficinas de contrainteligencia del ejército. Además, el despliegue de unidades policiales alrededor de la residencia de Yoon en Seúl, busca prevenir disturbios, dado que enfrentamientos entre sus partidarios y opositores han sido reportados en las cercanías.
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A pesar de que la defensa de Yoon calificó la orden de arresto como "ilegal e inválida", argumentando que la declaración de la ley marcial estaba dentro de sus poderes constitucionales, la profundidad de la crisis política es evidente. Yoon posee inmunidad presidencial contra la mayoría de los cargos criminales; sin embargo, esta inmunidad no se extiende a delitos graves como la insurrección o la traición.

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Adicionalmente, el estado de emergencia se ha intensificado con la destitución tanto de Yoon como de su sucesor, Han Duck-soo, por la misma oposición parlamentaria. La Corte Constitucional tiene un plazo de 180 días, a partir del 14 de diciembre, para decidir sobre la confirmación del impeachment de Yoon. En el tribunal constitucional, actualmente compuesto por seis jueces, un rechazo a la destitución por parte de uno solo de los jueces podría impedir la confirmación de la destitución de Yoon.

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La crisis ha generado un clima de incertidumbre y tensión en Corea del Sur, realzando el impacto y las repercusiones de la agitación política. Con la fecha límite del 6 de enero de 2025 para la orden de arresto acercándose, la situación sigue volátil y delicada.