La posible transferencia de 300 mil millones de dólares en activos del Banco Central de Rusia, congelados por Occidente desde la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, ha intensificado el debate global sobre cómo financiar tanto la seguridad como la reconstrucción de Ucrania. Este capital fue retenido inicialmente por Estados Unidos, la Unión Europea, Gran Bretaña y otros aliados con el objetivo de sancionar a Rusia por su ataque a Ucrania y limitar sus recursos para sostener el conflicto bélico.

La discusión ha ganado fuerza reciente debido a la promesa del expresidente Donald Trump de negociar un acuerdo rápido para finalizar la guerra, mientras amenaza con cortar la ayuda estadounidense a Ucrania. Esta postura incrementó los llamados, especialmente en Europa, para liberar los fondos hacia Ucrania. “¡Basta de hablar, es hora de actuar!”, publicó en plataformas sociales Donald Tusk, ex primer ministro de Polonia, quien instó a financiar la asistencia a Ucrania con estos activos congelados. Otros países como Estonia, Lituania y Letonia han respaldado la propuesta, con el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, destacando que es momento de dar un paso adelante en esta estrategia.

Un análisis de Philip D. Zelikow, ex diplomático y miembro de la Institución Hoover de Stanford, reveló que la mayor parte de los activos congelados, alrededor de 250 mil millones de dólares, se encuentran en instituciones financieras de la Unión Europea, Canadá, Gran Bretaña, Australia, Japón y Singapur. Apenas una pequeña fracción está en bancos estadounidenses, lo que sugiere que algunos países podrían actuar independientemente de Estados Unidos.

Algunos países, incluyendo Francia y Bélgica, han expresado su cautela respecto al uso de estos fondos. Emmanuel Macron, presidente de Francia, enfatizó recientemente que estos recursos “no son nuestras pertenencias, por lo que están congelados”. Bélgica, que alberga una significativa proporción del dinero ruso, también ha manifestado preocupaciones sobre las repercusiones legales y financieras de un posible traspaso.

En contraste, la presión por utilizar los activos ha llevado a la Unión Europea a convocar un grupo de trabajo para explorar esta posibilidad. Durante el verano de este año, Europa y Estados Unidos ya acordaron un préstamo de 50 mil millones de dólares a Ucrania, garantizado con los intereses generados por los activos rusos congelados.

Actualmente calculado en 524 mil millones de dólares durante una década por el Banco Mundial, el costo estimado de la reconstrucción de Ucrania amplifica la urgencia de encontrar fuentes de financiamiento. Expertos como Tymofiy Mylovanov, presidente de la Escuela de Economía de Kiev, han señalado que los activos rusos probablemente se utilizarán de alguna manera, sean para equipamiento militar mientras continúe la guerra o para reconstrucción una vez finalizada.

Dentro del Reino Unido, el ex primer ministro Rishi Sunak se pronunció abiertamente a favor de la transferencia total de los fondos rusos congelados para apoyar a Ucrania. “Este dinero puede garantizar que Ucrania no solo se recupere de la guerra, sino que también prevenga conflictos futuros”, escribió en un artículo en The Economist.

Sin embargo, la medida no está libre de complicaciones legales y éticas. Críticos han advertido que la confiscación de activos rusos podría violar el derecho internacional y socavar la confianza en las instituciones financieras de Occidente. Asimismo, se teme que las propiedades de países occidentales en el extranjero puedan estar en mayor riesgo en caso de disputas similares. A pesar de estos desafíos, expertos jurídicos como Lawrence H. Summers y Robert B. Zoellick han argumentado que los obstáculos pueden superarse con suficiente voluntad política y determinación.

Mientras tanto, las tensiones entre Kiev y Washington han escalado después de una reunión entre Donald Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca. La administración estadounidense suspendió temporalmente la entrega de ayuda militar al país tras la controversia por las discusiones sobre un acuerdo de inversión en minerales. En este contexto, Kiev ha encontrado nuevos aliados en Europa: el fin de semana pasado, el primer ministro británico, Keir Starmer, y Zelensky cerraron un préstamo de 2.800 millones de dólares para equipos militares, cuyo pago provendría de las ganancias generadas por los activos rusos congelados.

Finalmente, los líderes europeos se reunirán en Bruselas esta semana para discutir una propuesta concreta sobre el destino de estos fondos. Las implicaciones legales, diplomáticas y financieras del traspaso siguen siendo el centro del debate, pero el consenso parece inclinarse hacia la necesidad de tomar medidas más concretas para apoyar a Ucrania en su lucha contra la agresión rusa.

Bélgica, que alberga una de las cantidades más significativas de dinero ruso congelado, ha generado más ingresos de intereses provenientes de estos activos que cualquier otra nación implicada en la retención.