La justicia colombiana anunció el 20 de abril de 2025 la apertura de una investigación contra el exciclista Lucho Herrera, tras su presunta implicación en la desaparición forzada y homicidio agravado de Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega, quienes fueron abordados el 23 de octubre de 2002 por un grupo armado en una vereda de Fusagasugá.
‍

‍
La determinación judicial responde a los testimonios de Luis Fernando Gómez Flórez, alias 'Ojitos', y Óscar Andrés Huertas Sarmiento, alias 'Menudencias', quienes señalaron a Herrera como el instigador del crimen. Ambos afirmaron que Herrera solicitó que los campesinos fueran desaparecidos al acusarlos —erróneamente, según posteriores verificaciones— de pertenecer a la guerrilla de las FARC. De acuerdo con sus declaraciones, Herrera entregó dos sobres de manila: uno contenía fotografías de las víctimas y el otro la suma de $40 millones en efectivo, destinada a la compra de armas y motocicletas.
‍

‍
Los exparamilitares detallaron que las víctimas fueron secuestradas en una Toyota Hilux, trasladadas a una finca ubicada en la vía Novilleros a Aguadita, asesinadas, degolladas, descuartizadas y enterradas en ese lugar.
‍

‍
El 7 de abril de 2025, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Fusagasugá condenó a 'Ojitos' a 22 años y medio de prisión por desaparición forzada, y en la misma sentencia ordenó a la Fiscalía investigar formalmente a Lucho Herrera por su presunta responsabilidad en desaparición forzada agravada y homicidio agravado.
‍

‍
La Fiscalía General de la Nación declaró la desaparición de las cuatro personas como crimen de lesa humanidad, lo que implica que el delito es imprescriptible. Por su parte, Herrera aseguró mediante un comunicado que se presentará ante las autoridades para responder por los señalamientos, manifestando su ajenidad a los hechos.
‍

‍
La revelación ha tenido fuerte impacto en el país, dada la trayectoria de Herrera como figura emblemática del ciclismo nacional. La investigación permanece en curso bajo el seguimiento de organismos judiciales y de la Fiscalía General de la Nación.